El 12 de octubre del 2021, el presidente Sebastián Piñera decretó un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la llamada “Macrozona sur”, que abarca cuatro provincias (Cautín y Malleco en la Región de La Araucanía, y Bío Bío y Arauco en la Región del Bío Bío) que corresponden a zonas donde se ha agudiza e intensificado el proceso de liberación del Wallmapu por parte de comunidades y organizaciones mapuche que apuestan por un camino de lucha autónoma y confrontacional contra el Estado colonial chileno. Este Estado de Emergencia ha sido extendido ya siete veces sin mayor resistencia por parte del poder legislativo, contando más de 100 días.
Este Estado de Excepción corresponde a la misma medida que se aplicó sobre todo el territorio chileno luego de la revuelta popular iniciada en octubre del 2019, y por ende, otorga las mismas facultades represivas hacia el pueblo mapuche en lucha que lo que se vio movilizado contra el pueblo chileno hace poco más de dos años: restringe la libertad de movimiento, locomoción y reunión de las personas y, importantemente, da pase a la intervención de las Fuerzas Armadas en conjunto a operativos de carabineros y de la policía civil. En cortas cuentas, viene a agudizar la situación de extrema represión y militarización que se viene desarrollando en el Wallmapu desde los gobiernos de turno de la Concertación, y cuyo costo humano lleva múltiples muertes, desapariciones, lesiones. En el contexto puntual de este Estado de Excepción, falleció a manos de las fuerzas represivas Jordan Yempi, comunero mapuche de 23 años, y más personas aún han resultado heridas, incluyendo a menores de edad en allanamientos a comunidades.
Ante este panorama, el gobierno entrante y sectores progresistas no ofrecen más que tibias invitaciones a dialogar con quienes “estén disponibles para llevar el camino de la paz”, en las palabras del presidente electo, sentándose a discutir con dirigentes de Chile Vamos sobre el Estado de Excepción en el Wallmapu, sin pronunciarse sobre la prisión política que atraviesan en viva carne luchadoras y luchadores mapuche. La respuesta de comunidades y organizaciones que reivindican la violencia política como una forma de actuar legítima en contra de los intereses del capital al cual cualquier eventual gobierno será servil como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Weichan Auka Mapu (WAM), y otras, ha sido clara en rechazar la conciliación con el Estado que lleva centenares de años llevando a cabo un proyecto colonizador en las tierras usurpadas.
El despliegue militar y represivo en el Wallmapu es reminiscente de las experiencias vividas por el pueblo chileno a manos de las mismas fuerzas represivas, y la respuesta institucional de apelar a la conciliación, al orden y a la paz para tapar las muertes, las mutilaciones, y las desapariciones también es algo que suena conocido al norte del Bío Bío. Esto no es más evidente que en cómo se ha desarrollado la Convención Constitucional, instrumento que intenta apaciguar las luchas de ambos pueblos en paralelo, mientras vemos un aumento de represión en las calles y las comunidades, y caen más y más presas y presos políticos en las cárceles de Arica a Punta Arenas. Se hace aparente que la lucha se da no sólo dentro de un mismo territorio, sino que, contra un mismo enemigo, que ocupa las mismas estrategias para hacer frente a la acción de ambos pueblos. Es por esto que la solidaridad entre ambos pueblos se torna urgente, y el generar instancias de dialogo y articulación queda como tarea dentro de los sectores autónomos de ambos movimientos.
