Por Julián Pérez
Poco se ha hablado sobre lo que realmente está sucediendo en este momento con Carabineros. De manera superficial y exagerada se ha sostenido que el gran problema de las instituciones policiales es la falta de un marco legal que les permita actuar adecuadamente ante el enfrentamiento del crimen organizado o de la delincuencia común. Eso, “lo estructural”, sumado a que existiría además una rotunda falta de respaldo hacia el accionar de la institución. Entonces, ¿cómo se solucionaría el problema de la delincuencia en general y de las muertes y heridos en las filas de la institución? Pues, respaldando enérgicamente a la institución (eso supone un cambio en la subjetividad de las policías) y modificando estructuralmente el marco legal actual a favor de la institución, mellando los derechos humanos e incluso ciudadanos que ahora poseemos las personas en términos globales. Desglosemos el asunto.
En primer lugar, el segundo punto (el apoyo político a la institución) resulta ser una estupidez de grueso calibre. Jamás en la historia post-dictadura las policías chilenas habían gozado de un respaldo político e institucional (desde los distintos órganos del Estado) como el que hoy día poseen. Es más, las instituciones públicas y sus administradores han dado su apoyo no solo en términos formales, a través de la presidencia y el ministerio del interior principalmente, sino también incluso desde ministerios tales como el de la mujer, donde se ha señalado que las críticas históricas que se han mantenido hacia ellos (cuerpos policiales) sobre todo a raíz de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el contexto de la Revuelta Popular, no fueron del todo justas e incluso en realidad fueron desmesuradas. Pero no solo eso, también desde las instituciones judiciales, así como también desde ambas cámaras del congreso, han recibido un apoyo explícito y transversal; incluso por parte de los sectores más de “izquierda” se han terminado cuadrando con el apoyo a la institución, no solo en el plano de la llamada “crisis de seguridad”, sino también respecto a los abusos y crímenes cometidos por los propios policías. ¿De qué manera? Simplemente dejando en el olvido o en segundo plano (por lo bajo) la persecución penal y política respecto a las responsabilidades que tienen estas instituciones respecto a los brutales abusos cometidos durante la Revuelta Popular, pero incluso en relación a los robos protagonizados por décadas por la alta jerarquía de Carabineros; el “Paco-Gate” -recordemos- no es solo un robo gigantesco, sino el mayor desfalco al Estado que ha ocurrido en Chile desde su independencia hace 200 años. Pero además, ese respaldo para actuaciones más “ofensivas” se ha visto robustecido también desde los medios de comunicación de masas e incluso entre el conjunto de la sociedad. Todo ello pese a que son a voz sabida una institución abusiva y corrupta a más no poder.
Por otro lado, en cuanto al supuesto marco legal que impediría que las policías, especialmente Carabineros, actuaran de manera lo suficientemente libre al enfrentar un delito de mediano o alto riesgo, dicha afirmación no podría ser más falsa. En realidad, las policías tienen todas las facultades necesarias, universalmente reconocidas, para actuar de manera apropiada ante cualquier situación, cuestión que, de hecho, no se cumple. ¿Acaso disparar a mansalva contra decenas de manifestantes provistos de piedras y palos, mutilando ojos y quitando vidas, es una actuación “proporcional”? ¿Acaso barrer a golpes entre decenas de policías revestidos de costoso equipo de protección y seguridad a estudiantes secundarios, para luego pasearlos y torturarlos por horas en sus carros policiales, para además después tenerlos encerrados y mojados en verdaderas jaulas apostadas en comisarías mientras se les trata mal e incluso se les desnuda, es un uso “proporcional de la fuerza”? La respuesta es obvia. Pero eso no solo ocurre, sino que ocurre en total impunidad, pese a que el derecho, la ley y un mínimo sentido común indican todo lo contrario.
Todavía más, sabemos cómo las policías atacan las comunidades mapuche, arrasando con cosechas, casas humildes, familias enteras, incluso niños, niñas y ancianos, que solo hacen ocupación -la mayor parte de las veces pacífica- de sus territorios ancestrales. ¿Hay proporcionalidad en alguna de esas acciones? ¿Hay acaso respeto por los derechos humanos? ¿Hay siquiera una crítica por parte del poder político que dice que no los respalda? Es obvio que no, en este último caso es el propio poder que supuestamente no los respalda el que da instrucciones represivas contra la resistencia mapuche. En fin, una serie de atropellos y vulneraciones a los derechos humanos que no solo no tienen justificación, sino que además se dan en un marco legal que ya les da todo el poder a las policías para actuar como les plazca.
