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Por Julián Pérez

Por supuesto que el plebiscito marca un “antes” y un “después” en el proceso de movilizaciones que atraviesa a los pueblos que habitamos la región chilena, el ciclo de luchas y resistencias que hemos tenido contra el precipicio al régimen y al gobierno. Desde el poder político -sobre todo desde los partidos y figuras del sistema que patrocinaron y sellaron el malogrado “Acuerdo por la Paz” el pasado 25 noviembre-, se jugaron el “todo por el todo” para que a través de este mecanismo “democrático” se dirimieran los problemas esenciales que se desataron con la Revuelta Popular. Ofrendando para ello un sacrificio que potencialmente pudiera ser -a largo plazo- más simbólico que objetivo: la Constitución Política Pinochet-Lagos.

El resultado final del plebiscito no presenta novedad alguna, aunquesí pudiera serlo la ausencia de variación respecto a los sondeos particularmente precisos que se venían proyectando desde el verano pasado. Destaca un aspecto fundamental que opera en detrimento del apoyo político hacia el “Acuerdo por la Paz”, pero sobre todo en relación a la legitimidad del proceso constituyente (2020-2022): la baja participación global del electorado convocado a las urnas (cercana al 50%). Acá las aguas se dividen insoslayablemente respecto a la interpretación de la abstención; si en realidad estamos frente a una votación con un alto grado de legitimidad, incluso histórica, o si no tenemos frente a nuestros ojos otra cosa que la continuidad de la crisis de participación que pesa sobre el régimen hace más de una década (y que nos llevó a la crisis política que hoy vivimos). Crisis que se combina con la evidente desafección social respecto a los partidos políticos del sistema y de la política tradicional (en igual modo y grado).

Quienes defienden la tesis de que la ausencia de electores en las urnas se debe mayoritariamente al “efecto pandemia” dejan convenientemente unos cuantos hechos esenciales de lado. La mayoría de la población, sobre todo la que vive fuera de los centros cívicos, ha hecho caso omiso a las medidas restrictivas, principalmente los sectores populares que se han visto en la necesidad de luchar día a día por el pan. Hemos sido testigos y protagonistas que frente a la necesidad o la voluntad de movernos, el miedo al virus e incluso la represión del Estado pasan a segundo plano. Se observa además que, de manera más “empírica”, resultó que el número de votantes efectivos coincidió muy precisamente -verificando tendencia- con las cifras de participación que se venían mostrando en Chile desde la implementación del voto voluntario (2013), especialmente con la última elección ordinaria (2017), la que tuvo apenas tres puntos de diferencia respecto a la presente elección.

Un piso de legitimidad mínima esperable para un sistema político “sano” en el contexto de un hito tan importante para la historia presente y futura de la república -como lo es un proceso constituyente-, al menos se debió elevar sobre un 70% o incluso cercano al 80% de participación sobre el padrón electoral total. Pasar por alto estos datos y perspectivas deriva en un error analítico imperdonable. Resulta especialmente destacable que, solo a modo de ejemplo, el 4 de marzo de este año una de las encuestadoras (Pulso Ciudadano) estimara en un 51% la participación en el plebiscito, antes de la llegada de la pandemia a Chile y cualquier tipo de medida restrictiva asociada a ella1. La correlación de las proyecciones respecto al resultado final es altamente significativa, pues da cuenta de que la voluntad de votar no cambió sustantivamente entre el pre y post pandemia.

Lo cierto es que, le guste a quien le guste, el régimen político y todo lo que emane desde allí recibe un rechazo explícito, directo e incluso visceral de por lo menos la mitad de la población en nuestro territorio. Por ende, es totalmente sensato considerar que el proceso relativo de ajuste constitucional que hoy vivimos, se moverá y desarrollará con un bajo porcentaje de legitimidad social, electoral y política. Podemos reconocer aquello, más claramente, cuando damos cuenta de los porcentajes de legitimidad que gozan los partidos políticos del sistema, que precisamente son y serán los protagonistas centrales del proceso constituyente (de acuerdo a los procedimientos y mecanismos de auto-regulación que ellos mismos definieron).

En esa línea, tengamos en vista lo siguiente: a) hacia el primer gobierno de la Concertación, la legitimidad de los partidos tuvo un promedio superior al 70%; b) mientras, el segundo gobierno (Frei) promedió levemente bajo el 60%; c) durante el primer gobierno de Piñera, el índice cayó hasta el 40%; y d) con el segundo gobierno de Bachelet, la cifra bajó hasta el 17% durante la segunda mitad de su mandato (2016-2017)2. Pero lejos los números más importantes son los que se han marcado luego del inicio de la Revuelta Popular: un 2% de credibilidad en los partidos políticos y un 3% en el parlamento, ni hablar del más que miserable piso del 5% de Piñera3 en su peor momento. Es muy interesante dar cuenta de que el respaldo a los partidos políticos si bien se mantiene bajo en términos generales, son los sectores más de “izquierda” y oposición los que registran menor apoyo, justamente aquellos que con mayor fuerza agitaron las banderas del “apruebo” y la nueva Constitución, convencidos de que podrían capitalizar la movilización popular en sus propias figuras y proyectos (lo que viene resultando absolutamente falso hasta el momento). Observemos que los apoyos tienen el siguiente orden de menos a mayor: a) Partido Socialista, Partido por la Democracia y Radicales, un 13%; b) Partido Comunista, un 14%; c) Frente Amplio, un 17%; d) Democracia Cristiana, un 21%; e) Chile Vamos, un 30%4.

El promedio de las oposiciones (Ex Nueva Mayoría + Frente Amplio) alcanza apenas un poco más que el 16%, mientras el oficialismo mantiene sólidamente su centenario tercio, precisamente el piso necesario para enfrentar el proceso de discusión que se abrirá una vez electos los y las constituyentes, en el cual se contempla un tercio de los votos como suficiente para vetar una adición a la nueva carta magna. Ello le entrega al oficialismo una seguridad política muy importante, pues además suman hacia su sector a la mayoría -o parte importante- de los representantes institucionales de la Democracia Cristiana, y también algunos PR, PPD, PS e incluso algún RD quienes terminan por “sospechosas” razones votando a favor de las iniciativas del régimen de Piñera.

De todos modos, volviendo al punto, debiera resultar obvio que parte importante de ese 50% del padrón electoral que tomó la decisión final de no participar, lo hace en su mayoría como resultado de una profunda desafección política. Es más, posiblemente con las elecciones de los y las constituyentes en abril próximo, se manifieste -de manera categórica- dicho fenómeno bajo la forma de abstención o “voto crítico” (sin convicción y/o por descarte), mostrando resultados muy similares a los que hemos tenido en el pasado referéndum y elecciones. Dicho de otro modo: ¿Por qué el 50% de abstención de hace tres años daba cuenta de la crisis de legitimidad y participación hoy día indicaría lo contrario, cuando el rechazo a las instituciones del Estado y los partidos políticos del régimen aumentan aún más en medio de una crisis política estructural y de dimensiones históricas?

En ningún caso la crisis de representación, participación y legitimidad se vio revertida o siquiera afectada por el plebiscito. Tampoco la crisis de hegemonía y dominación que tiene al régimen y su gobierno reducido a la pura acción coercitiva desplegada desde un Estado cada vez más policial y terrorista. Probablemente tampoco ocurrirá algo diferente con una nueva Constitución de la República, la que vendrá más bien a cristalizar la correlación de fuerzas que hoy existe en la política institucional, la que está mayoritariamente subordinada a los poderes fácticos y a la élite económica, como es de amplio y público conocimiento hace años o incluso décadas. El problema político para el naciente movimiento popular está dado por cómo abordar y enfrentar el proceso de re-legitimación de los grupos políticos dominantes y toda su agenda(siempre bajo el amparo y control de la élite económica), la cual en gran medida se basa en impulsar un ajuste constitucional relativo, parcial y controlado, a la vez que desarticula (represión y/o institucionalización, dependiendo del caso) la organización popular autónoma que se ha multiplicado por gran parte de la región dominada por el Estado de Chile, en medio de la crisis política, económica y sanitaria más grande de nuestra historia.

1 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/03/04/encuesta-pulso-ciudadano-aumenta-el-apoyo-al-apruebo-y-a-la-formula-sin-parlamentarios-de-convencion-constitucional/

2 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2017000200305

3 https://www.cnnchile.com/pais/por-que-chilenos-rechazan-politicos-apoyan-democracia_20200123/

4 https://bit.ly/2TR5M9r