Por Fundación Rukawe
En el contexto de una agudización de la crisis habitacional ya hace tiempo en desarrollo, han salido a la luz bastantes estafas a pobladores que se han organizado en búsqueda de vivienda, algunas de estas son:
La estafa perpetrada la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien recibió dineros de pobladores para la realización de un falso proyecto de viviendas sociales, donde se vieron afectadas por lo menos 400 familias por 180 millones de pesos. Hasta ahora no hay condena a las autoridades municipales ni se ha inhabilitado a Margarita Osorio.
Una estafa perpetrada por el presidente y la tesorera del Comité de Vivienda Los Pescadores S-16, quienes se apropiaron de los ahorros de 772 familias por un monto de 180 millones.
La estafa de 30 millones perpetrada por el empresario inmobiliario José Corral, quien con un proyecto falso estafó a 135 familias de Colina. Cabe mencionar que, frente a las movilizaciones de los pobladores en respuesta a la estafa, carabineros ha respondido con represión, lanzando incluso bombas lacrimógenas a las viviendas de los pobladores sin importar la presencia de lactantes al interior de los hogares.
Una estafa por venta ilegal de terrenos fiscales perpetrada por Oscar Luza, que ha afectado a 40 familias de Ovalle, a quienes se les cobrara 1.300.000 por un cupo dentro del terreno en venta.
En Puerto Montt hace no mucho se develaron numerosas estafas a comités de vivienda, donde se les solicitaban pagos de hasta 700 mil pesos para obtener soluciones habitacionales. Se estiman más de 700 familias afectadas y un entre 400 y 500 millones de pesos robados.
Los perfiles de los estafadores y los mecanismos son diversos. Tenemos funcionarios municipales que prometen proyectos falsos aprovechándose de la confianza que puede inspirar en algunos su cargo, empresarios vendiendo proyectos de viviendas sociales falsos o vendiendo ilegalmente terrenos, dirigentes que se aprovechan de los pobladores y gente inescrupulosa que simplemente vende soluciones falsas.
El modelo neoliberal mercantiliza todos los derechos sociales, desplazando la responsabilidad del Estado sobre los derechos sociales a los individuos. En vivienda esto significa que el Estado se desentiende de la responsabilidad de producción de viviendas y toda la gestión involucrada en ello, por lo que las familias son quienes deben resguardarse frente a estafas. Podemos concluir que la desprotección en la que el neoliberalismo deja a la gente crea las condiciones necesarias para la proliferación de estafas.
