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Forestales

Por Carmen Serrano

Desde la génesis del estallido social en chile, hemos podido observar el uso de la palabra “Derechos Humanos” más de lo habitual y es que el actual gobierno ha evadido constantemente su responsabilidad en estas temáticas. Misma realidad se vive por años en temas socio medioambientales, vivimos en un sistema empresarial en donde se ha vuelto sistemático la violación al derecho de vivir en un ambiente sano libre contaminación, al derecho a informarnos sobre los mega proyectos medioambientales, al derecho de protestar y defender los recursos naturales, al derecho de que se considere a la comunidad en los impactos socio medioambientales que puedan afectar a la población, Chile tiene la posibilidad de resguardar y respaldar los derechos humanos y la conservación de los ecosistemas a través del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe Adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018, en esa oportunidad las negociaciones fueron lideradas por Chile y Costa Rica en su calidad de Copresidentes y por otros cinco integrantes de la Mesa Directiva (Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago). Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. La cuenta regresiva pronto llega a su fin, el día 27 de septiembre del presente año, es el plazo que tiene Chile para sumarse al acuerdo que inicialmente lidero y que actualmente se niega a firmar, señalando que Chile cumple con todo lo establecido en el acuerdo y que al firmarlo podría en riesgo la soberanía del país.

Debemos señalar que Chile es uno de los países con mayores conflictos socio medioambientales a nivel mundial, manteniendo en la actualidad 117 conflictos que afectan la calidad de vida de las personas y pone en riesgo diferentes ecosistemas. Otro punto a considerar es que chile mantiene zonas de sacrificio, tales como lo son las comunas de Mejillones, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Huasco, Quintero y puchuncavi por mencionar algunas. ¿Qué significa ser una zona de sacrificio? Esto significa que en dicha zona la calidad de vida y el desarrollo de la población se ve empobrecida a raíz de la gran contaminación realizada por la producción industrial, afectando la salud física y mental, además de poner en riesgos los ecosistemas. Otro punto importante que no cumple la constitución chilena, es el resguardo de los derechos humanos de los dirigentes socio medioambientales, cohibiendo el derecho a manifestarse, expresarse, de manera libre y sin el temor de persecuciones políticas y en algunos casos con amenazas que culminan en desenlaces fatales, sin tener una investigación como corresponde, como es el caso de Macarena Valdes y Alejandro Castro, entre otros dirigentes que han muerto en extrañas circunstancias. Con todos los antecedentes antes mencionado se deja en evidencia que Chile no cumple con lo establecido en el Acuerdo de Escazú como lo señaló el presidente Sebastián Piñera y ahora ultimo el Ministro Andres Allamand, quien declara darle mayor importancia a un tratado que pone en riesgo la libertad de la semilla, el acceso a la información y le brinda mayor libertad a las trasnacionales como lo es el TPP11, dejando de lado el Acuerdo de Escazú, con estas declaraciones queda al descubierto que el Gobierno de Sebastián Piñera prioriza a las grandes empresas por sobre la vida de las personas y la protección de los ecosistemas.

Es de suma importancia que la comunidad se levante y se organice en sus territorios, es tiempo de exigir que el gobierno asuma su responsabilidad en temáticas socio medioambientales, es inaceptable que las personas que viven en zonas de sacrificios no logren identificar si están contagiadas por COVID-19 o intoxicadas por las emisiones de gases que generan las termoeléctricas, es inaceptable que las personas deban comprar el agua, por la escases hídrica en Petorca, es inaceptable que en la región de Antofagasta las empresas mineras tengan más acceso al agua que las comunidades atacameñas, es vergonzoso que la actual constitución pinochetista permita que las empresas extractivistas se mantengan con faenas mineras en zonas consideradas Reservas de la biosfera como lo es el Parque Nacional Lauca.

Debemos considerar que vivimos bajo un sistema empresarial, en donde el gobierno de turno, ha mantenido una postura permisiva frente a las irregularidades presentadas por las empresas, respaldando y generando perdonazos a través de favores políticos y actos de corrupción, dejando de lado los derechos humanos, la protección y conservación de los espacios naturales, no cumpliendo las fiscalizaciones correspondientes como lo sucedido por ejemplo, con los casos de SOQUIMICH, ANGLO AMERICAN, ENGIE, AES GENER, MINERA ESCONDIDA, PASCUA LAMA, ETC.

La firma del Acuerdo de Escazú, es un acto por parte del gobierno de resguardar la vida y los ecosistemas, por sobre los intereses empresariales, situación que deja en jaque al sistema empresarial y que al parecer para el Presidente Sebastián Piñera no le resulta beneficioso, ni lucrativo, optando por evadir su responsabilidad, emitiendo declaraciones fuera de contexto, con la intención de confundir a la comunidad y desviar la atención de lo realmente importante.

Finalmente, en el caso de que el gobierno de Chile prosiga con la idea de no firmar el Acuerdo de Escazú y mantener su nulo compromiso en temáticas de derechos humanos y medioambiente, es imprescindible que la nueva constitución se base en un enfoque Ecocéntrico, que considere el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, lo que permitiría generar regulaciones y políticas que garanticen este derecho, así como la inclusión de una adecuada planificación territorial garantizada por una Carta Magna que integre temas relativos a la participación social y comunitaria en los procesos de tomas de decisiones locales y regionales. Es fundamental que las necesidades de la sociedad en términos de sustentabilidad y justicia ambiental sean consideradas y respetadas.