Por Equipo Primera Línea Prensa
Una de las razones principales por las cuales muchas personas -supuestamente- votaron por Boric, fue con el objetivo de evitar las atrocidades que la derecha era (y es) capaz de realizar mediante la represión. Nos obstante ello, los hechos han resultado completamente diferentes.
El 21 de septiembre de este año, el gobierno que tanto bulló con la gravedad del bloqueo de rutas por parte de las asociaciones gremiales de camioneros, decidió desistir en las querellas. Mientras tanto, no se ha levantado ni una sola querella contra les preses polítiques de la revuelta popular y anteriores (pese a que había sido una de las promesas de campaña). Esta indulgencia con las asociaciones patronales que utilizan el desabastecimiento de la población como medio de presión y el rigor contra quien cuestiona a este sistema, evidencian la continuidad de la persecución política que vimos durante el gobierno anterior.
El reciente 7 de octubre, el gobierno anunció el plan represivo para la conmemoración del 18 de octubre, donde se anunció mayor vigilancia y reforzamiento del contingente policial en la Alameda y Providencia. La elaboración de este plan se dio en colaboración con privados y en resguardo de sus intereses, y no en la perspectiva de resguardar el derecho democrático a la manifestación y protesta pública. El plan, por cierto, sigue la misma línea que los ejecutados por el gobierno de Piñera.
Ayer 10 de octubre, en el contexto de la movilización de la Resistencia de los Pueblos Originarios y a un año del asesinato de Denisse Cortés, una víctima de trauma ocular cayó al río debido a la represión de Fuerzas Especiales, quien quedó con fractura de columna, cadera, rodilla y tobillo. En estado incierto se encuentra a la espera de importante cirugía que definirán su estado de salud futuro. También se reportó gaseo, uso del guanaco y golpes de luma a quienes se manifestaban en la falda del cerro Huelén, en medio de ceremonias ancestrales y sin discriminar a niñes y adultos mayores.
Este 11 de octubre el gobierno decidió responder a la jornada de movilización con un proyecto para la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu. O sea, más militarización, violencia y violaciones contra los derechos humanos en la zonas mapuche.
Es sumamente claro que vivimos un re-ensamble de la Concertación, encabezada por la infame y corrupta ministra Tohá, quien representa la continuidad represiva de los gobiernos de la Concertación y Chile Vamos en lo que represión y persecución política respecta.
