Por Camilo Godoy
El 5 de Marzo de 1981 Margaret Thatcher pronunció el siguiente discurso en una visita realizada a Belfast, Irlanda. En él criticaba la huelga de hambre iniciada por miembros del Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA), en pos de obtener un status de presos políticos, tal como recordara hace unos días Roberto Pizarro (13 de Agosto 2020):
“Esos terroristas llevarán su determinación de perturbar la sociedad a cualquier extremo. Una vez más tenemos una huelga de hambre en la prisión de Maze en la búsqueda de lo que ellos llaman ‘estatus político’.
No existen asesinatos políticos, bombardeos políticos o violencia política. Sólo hay asesinatos criminales, bombardeos criminales y violencia criminal. No cederemos sobre esto. No recibirán estatus político”.
La posición del gobierno frente a la crítica situación del machi Celestino Córdova y los presos políticos mapuche ha inscrito su actuar dentro de esta horrenda tradición (Pizarro, 2020). Una tradición vejatoria, cruel y que realiza diferencias jurídicas y políticas en base a consideraciones étnicas y utiliza el derecho penal del enemigo frente a la disidencia política. Las palabras del subsecretario Galli, el Ministro Víctor Pérez y también de otras voces como Jorge Burgos contribuyen a este clima de minimización del otro e invalidación étnica, cultural y política. Burgos ha señalado recientemente en El Mercurio: “coincido con el Ministro Pérez. No hay presos políticos en La Araucanía” (09 de Agosto 2020). Esta cuestión había sido expuesta y analizada de manera totalmente distinta por otros actores más especializados en el tema (Aylwin, 5 de Agosto 2020).
Más allá de lo estrictamente jurídico, la afirmación de Burgos resulta inaceptable en nuestro país, donde incluso se ha señalado que las diferencias entre mapuche y chilenos se evidencian respecto a cuestiones tan básicas como el acceso al agua y donde menores de edad reciben la violencia policial de Carabineros sólo por su condición étnica (INDH, 2012).
El gobierno ha ofrecido diálogo, como una mera simulación. No parece tan extraño. Las instancias de participación ofrecidas durante la pandemia se acercan más a una comedia de equivocaciones que a un proceso real de escucha. El giro hacia la ultraderecha del 28 de Julio, propiciado por Larroulet ha supuesto un costo crítico para los mapuche, que siguen siendo criminalizados y juzgados bajo organismos jurídicos tan reprochables y sesgados como la Ley Antiterrorista . Así surgen las preguntas: ¿Cuáles son los criterios étnicos que deben cumplir los inculpados para poder ser declarados culpables? ¿Se condenó por terrorismo a Sebastián Izquierdo acaso? ¿Cuántos sistemas de justicia penal existen en nuestro país?
Volviendo a la cita del comienzo, quepa recordar que justo dos meses después de pronunciarla, Bobby Sands, el líder del IRA e impulsor de la huelga de hambre fallecería de inanición. Thatcher nunca quiso escuchar sus demandas. Su imagen de “dama de hierro” ocultó bajo un halo de marketing político su más profunda crueldad y brutalidad. Esa crueldad es la que hoy vemos en nuestras autoridades, que en la última Cuenta Pública (21 de Julio) hablaban de “irrestricto respeto a los DDHH”. Pues bien, ¿para qué grupo étnico es irrestricto ese respeto?
Vimos a José Villagrán y su caravana de camiones llegar a Santiago, portando banderas. Como si su causa fuese tan aglutinante que representara, con ella, al país. Ellos querían paz, según decían. Los seguidores de Gloria Naveillán también decían querer paz, y bajo el pretexto de esa paz apalearon a diversos mapuche, con cánticos racistas. Pues bien, ¿por qué a los camioneros se les recibe de manera tan flamante en Palacio y el gobierno desdeña las peticiones de diálogo y la vida de un comunero en huelga de hambre seca? ¿Qué huelga de hambre debió hacer José Villagrán para ser escuchado? ¿Qué huelga de hambre debió hacer Gloria Naveillán para que su corriente militarista hiciera eco en el Ministro del Interior?
En una reciente comunicación con un representante de los presos políticos la Ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar señalaba que el gobierno “no podía hacerse cargo de un problema de cientos de años”, pero sí resolver cuestiones contingentes. El autor de estas líneas ha encontrado este mismo discurso entre directivos de las empresas forestales emplazadas sobre territorio ancestral mapuche, quienes señalan que sus faenas “no pueden hacerse cargo de un problemas de centenares de años”[1]. Entonces ¿quién se hará cargo? ¿A costa de cuántas vidas seguirá en pie esta política de “no hacerse cargo”?
No queremos más muertos por el Estado como Bobby Sands. Queremos al machi Celestino con vida. La igualdad intercultural es un anhelo totalmente plausible, toda vez que las autoridades políticas entiendan y atiendan sin más demora las demandas de los diversos pueblos que conviven y cohabitan en el territorio nacional: mapuche, rapa nui, aymara, yagán. Y para ello se hace preciso también desterrar todas las formas de racismo y exclusión étnica que aún siguen siendo parte del habitus dominante de la élite de nuestro país y de otro sector social que se autopercibe como “pobre, pero no indio” (Nahuelpán y otros, 5 de Agosto 2020): es 2020 y Chile “sigue concibiéndose como un país monoétnico” (Aylwin, 1 de Septiembre 2017). Esto genera necesariamente una dinámica de tensión y dominación étnica que refuerza los patrones coloniales, cierres sociales y quiebres en las posibilidades de diálogo intercultural. El antropólogo mexicano y Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen (2000) es claro a este respecto: “la dinámica del conflicto contribuye a forjar identidades étnicas y a crear imágenes, estereotipos y prejuicios, a través de los cuales se ven los miembros de los grupos en conflicto, que a menudo llegan a temer, rechazar e incluso odiar a los miembros del grupo adversario”.
Por ello y por todo lo anterior, las vidas y luchas de Treuquil, Catrileo, Catrillanca, Mendoza Collío,y la situación actual del machi Celestino Córdova y los presos políticos mapuche deben ser un recordatorio de nuestra identidad pluricultural y de la necesidad de reivindicar y luchar por la justicia interétnica, sin la cual seguiremos condenando a permanentes ciclos de racismo, violencia y exclusión a la diversidad de pueblos que componen nuestro país.
[1] Ni siquiera son capaces de hacerse cargo del corto plazo y de las fallidas promesas sobre las cuales llegaron forzosamente a instalarse en los territorios durante la dictadura, ya que según estudios recientes, las empresas forestales han generado un aumento de la pobreza entre 2001 y 2016 en las localidades donde se han instalando (Anderson y otros, 2016) y ello se mantiene igual hasta la actualidad, no mejorando los índices de desempleo, sino que aumentando en las comunidades la pobreza y la desigualdad (Hofflinger y otros, 2020). Junto con ello, su presencia ha aumentado los costos de las tierras, lo que incluso encarece la compra de terrenos por CONADI y el Estado (Nahuelpán y otros, 2020). También han favorecido la concentración económica: el 70% de los bonos entregados por el Estado por concepto del DL-701, que subsidia la plantación de pinos y eucaliptus ha sido entregado a las medianas y grandes empresas forestales, de las cuales sólo los Grupos Matte y Angelini, los principales actores del mercado, habrían recibido US$600 millones (Escobar, 2017). Junto con todo lo anterior, han generado una serie de consecuencias socioambientales, culturales y políticas desfavorables tanto para los mapuche como para los chilenos de los territorios en los cuales se emplazan (Godoy Pichón, 2017).
