Hace un año atrás, Sebastián Piñera realizaba la cuenta pública anual de su segundo período al mando. En esa oportunidad el jefe de Estado realizó anuncios como la reducción en el número de parlamentarios, habló de la futuramente fallida cumbre COP-25, habló de Chile como un oasis en la convulsionada Latinoamérica –analogía que, además, de ser bastante soberbia, se cayó a pedazos con el posterior estallido social-, pero ¿Qué no nos dijo Piñera hace un año mientras era aplaudido por sus secuaces?
El pasado 21 de mayo el gobierno destinó 1.700 millones de pesos a la compra de 50 mil cajas de alimentos las cuales serían utilizadas para apoyar a las familias que estuvieran enfrentando problemas relacionados a la pandemia del COVID-19.
Teniendo en cuenta lo anterior y mirando un poco más atrás, 15 millones de dólares, equivalentes a 12.092 millones de pesos –aproximadamente 7 veces más de lo que invirtió en canastas de alimentos- fueron destinados a la compra y reparación de vehículos antidisturbios para Fuerzas Especiales de Carabineros, según los montos que entregó el gobierno con este dinero se hubieran podido comprar 355.647 cajas de alimentos aproximadamente.
¿Continuamos?
A principios de 2020 Carabineros gastó 8 millones de dólares aproximadamente –equivalentes a alrededor de 6 mil millones de pesos chilenos- en vehículos antidisturbios y carros lanza aguas, monto que según las cifras del gobierno equivale a la compra de alrededor de 416 ventiladores mecánicos.
En la segunda mitad de febrero la Armada realizó una compra por 264 mil dólares –equivalentes a alrededor de 206 millones de pesos- para adquirir equipo antidisturbios entre los cuales destacan la compra de escopetas y fusiles no letales, esta compra fue revocada posteriormente, pero sigue dando cuenta del lugar prioritario que tiene el “orden público” para el gobierno incluso dentro del contexto de pandemia donde las protestas son por la falta de alimentos y la exposición al virus a la que la población más desposeída se ha visto expuesta. Con este dinero alcanzaba para que alrededor de 300 de esas familias más afectadas recibieran el bono invierno que el presidente anunció a principios de mayo.
Lo que Piñera no nos contó –y que de seguro no nos contará en la próxima cuenta pública a realizarse el 31 de junio- es que no importa a qué crisis se enfrente el país, ya sea estallido social, pandemia mundial o recesión económica siempre la prioridad será bajo cualquier costo el bienestar económico de la clase dominante. Para cumplir ese propósito el Estado está dispuesto a exponer a las familias más pobres de Chile, obligándoles a seguir trabajando de forma presencial, flexibilizando las condiciones para que los patrones puedan decidir si es que pierden o no su empleo o si es que se les paga o no su sueldo, abriendo una puerta de vulnerabilidad gigante, financiando a los sicarios de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas que reprimen en las poblaciones, en vez de aportar de forma efectiva al abastecimiento de los colapsados centros de Salud, de hacer intentos reales de aplanar la curva de infectados y muertos por COVID-19 o a combatir seriamente el hambre que enfrentan los barrios populares de las diversas regiones de Chile en este contexto al cual el mismo gobierno nos ha arrastrado mediante su mala gestión y malas decisiones. Lo anterior puede sonar como un argumento panfletario, pero si lo pensamos dos veces, revisamos las inversiones que ha realizado el Estado chileno en materia de represión y las comparamos con las inversiones que ha realizado en ayuda humanitaria podemos ver que hay una clara incongruencia entre el discurso que las autoridades han asumido para criminalizar, incluso calificando de oportunistas, a quienes hoy se manifiestan legítimamente por el hambre en las zonas periféricas y la ayuda real que han estado dispuestos a ofrecer mediante respuestas insuficientes y descoordinadas por parte del poder ejecutivo.
