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Por Fundación Rukawe

La Inmobiliaria Ecomac, propiedad del Grupo Said y parte de Inversiones Caburga, nuevamente ha salido en los titulares. Esta ocasión no es por estar involucrado en el caso Penta por financiamiento ilegal de la política para campañas senatoriales y presidenciales de candidatos de la UDI, sino por defectos importantes en los edificios que fueron adquiridos con subsidios habitacionales.
La denuncia, realizada por quienes recibieron las viviendas construidas con subsidios habitacionales en La Serena, señalaba la presencia de daños estructurales y filtraciones de agua. Sin embargo, la Corte de La Serena determinó que estas fallas no eran producto de la negligencia de la empresa, sino falta de mantención. Así, la inmobiliaria que este mismo año se vio obligada a indemnizar a propietarios del Condominio Bahía Horizonte (Coquimbo) debido a fallas operativas de la red de aguas, tuvo que nuevamente indemnizar por perjuicios a los propietarios y pagar una multa.
A pesar de que este tipo de conflictos entre empresas y familias propietarias son bastante antiguos, poco se habla de origen del problema: la política de subsidios que financia los negocios privados y perjudica el acceso a una vivienda para el resto de la población. Yendo todavía más lejos, poco se ha hablado de que empresas involucradas en financiamiento ilegal de la política, ciertamente en uno de los casos más grave que ha habido, están recibiendo dineros de subsidios para construir soluciones habitacionales deficientes.