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Bernardo Villegas

Pareciera no haber escrúpulos por parte del gobierno al destinar recursos a una institución que en medio de la crisis sanitaria no precisa millones y millones de pesos. Para Sebastián Piñera es imperante insistir en modernizar Carabineros como si se tratara de aplicar parches sin importar la desidia que hay detrás de esto.

No es casualidad que a dos meses de que acaben las postulaciones para ingresar a  Carabineros de Chile, el porcentaje de jóvenes interesados en hacerlo haya descendido un 86% desde el último año. Que existan cifras tan decidoras como estas reflejan un profundo quiebre entre la sociedad civil y dicha institución. Los motivos son diversos: estallido social, pandemia, corrupción, delitos e impunidad son factores que ponen en entredicho la misión de la carrera policial y el manoseado término de patriotismo que pregonan sus filas y que es utilizado caprichosamente para blindar los intereses económicos y políticos de sectores conservadores de la sociedad chilena.

Nace de esta situación, la duda de un gran número de chilenos; ¿Por qué seguir invirtiendo recursos en esta policía que cuenta con un 62% de desaprobación y que ha demostrado no estar a la altura de las exigencias actuales de la sociedad chilena? Para Sebastián Piñera las cifras parecen ser meros números que, dada su posición de primer mandatario, puede soslayar en su consideración a la hora de encauzar $56.200 millones de pesos hacia la represión y control de orden público.

Sin embargo, hay algo muy particular en este hecho dado que, lejos de impulsar una reestructuración a nivel doctrinario, disciplinario y profesional, nos encontramos con una modernización que pone un punto de resistencia a estos cambios. El Estado arremete con un signo peso que pareciera exaltar las intenciones más nobles de un gobierno ante sus compatriotas, cuyo financiamiento es entregado confiando en la administración de las fuerzas del orden pero que en el fondo, y a la vista del ojo más crítico, responde a una ceguera desde el punto de vista pragmático y se evidencia no en una necesidad de orden público sino en la necesidad de un orden de prioridades.

La lógica del gobierno se condice con un financiamiento que no necesariamente espera  una retribución concreta de acciones por parte de Carabineros frente a la población. Si hablamos de mérito, es ineludible señalar que, el apoyo del Estado se sostuvo pese a conocer un nuevo caso de formalización por cobros de millonarias coimas dentro de Carabineros con el caso Narcogrúas. Ya no son casos aislados que atentan contra el normal ejercicio de labores, es una conducta repetitiva cuyas sanciones legales parecieran no preocupar del todo a los uniformados y que en efecto, se han hecho una realidad que socava la confianza en las instituciones e interfiere en el pleno desarrollo de una sociedad democrática.

No es prudente pensar en patrullas, zorrillos y guanacos mientras el verdadero enfrentamiento no se está librando en el centro de Santiago y los territorios, sino que en salas UCI y postas colapsadas que carecen de herramientas y recursos, situación que el personal médico ha debido aplacar mediante turnos extra, exposición al virus y en muchos casos ha debido pagar estas falencias con la vida. Si se sigue en esta línea, Carabineros contará con una gran cantidad de recursos monetarios para armamento, que paradójicamente, son entregados justo cuando las calles están literalmente desiertas. Tampoco creo que sea consecuente pensar en una agenda represiva en un gobierno al que le quedan nada más que algunos meses para llegar a su fin, sin embargo, todo apunta a que el mandato de Sebastián Piñera considera que le debe más que sólo un agradecimiento verbal y discursivo a Carabineros.

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