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Por Dani K Arroyo

Un día como hoy, hace casi una década, un joven de nombre Daniel salió a las 7:30 de la mañana de su hogar en San Bernardo, donde vivía con su mamá y su abuela. Se dirigió, como de costumbre, a su trabajo en una tienda de ropa china, donde él esperaba poder juntar suficiente dinero como para pagar estudios en modelaje o teatro. Cerca de las 11, Daniel le avisó a su familia que iba a pasar a ver a una amiga, entonces llegaría más tarde a casa. Pero Daniel no llegó. Fue encontrado a las 4:00 de la mañana del sábado 3 de marzo en el Parque San Borja en el centro de Santiago, inconsciente, a penas con vida y con señales de tortura en el cuerpo, incluyendo heridas con forma de esvástica. Luego de 24 días en coma, Daniel falleció en la Posta Central de Santiago producto de las lesiones que sufrió a manos de sus atacantes, un grupo de cuatro neonazis que lo torturaron y asesinaron por el simple hecho de ser gay.

El caso de Daniel Zamudio se considera frecuentemente como un hito en la lucha contra la violencia homofóbica. Lejos de ser el único, o siquiera el primer, caso de este tipo de violencia, se destacó en su momento por la brutalidad del crimen y por como la noticia estalló en redes sociales, llevando a una cobertura mediática extensa. Y efectivamente, hubo una reacción política: hasta hoy, la ley antidiscriminación que tenemos en el país se conoce coloquialmente como la Ley Zamudio, ya que, si bien existía el proyecto de ley en tramitación antes del asesinato de Daniel, obtuvo un fuerte impulso y fue aprobada luego de este caso. Además, temáticas relacionadas con los derechos LGBTI+, la homofobia y la discriminación se convirtieron en el tema del momento, y llegaron a un alcance en el discurso social que nunca antes habían tenido.

Pero, a pesar de la ley antidiscriminación, y a pesar del revuelo mediático que hubo en torno al caso de Daniel Zamudio, la violencia homofóbica -y también la homofobia en sus vertientes más sutiles- sigue marcando constantemente presencia en la sociedad chilena. Hace una semana, Stefanía Breve (19) fue apuñalada junto con su pareja, una adolescente de 16 años, en un crimen de odio que dejó a Stefanía muerta y a su pareja herida. Una semana antes de eso, una pareja lésbica fue agredida física y verbalmente en Puente Alto por un grupo de seis personas – “deberían morirse, las vamos a matar”, fue una de las cosas que les gritaron. 13 días antes de eso, fue asesinado un hombre en un crimen de odio homofóbico en Valparaíso. Dos días antes de eso, se suicidó un interno de la cárcel de La Serena por el acoso que recibía por parte de gendarmes por su orientación sexual. 15 días antes de eso, una mujer en Lampa fue víctima de un ataque lesbofóbico, donde una pareja heterosexual la pateó hasta que quedara inconsciente, gritándole “maricona y sucia”. En fin, se puede seguir hasta el infinito detallando brutal crimen de odio tras brutal crimen de odio, y ni siquiera sería suficiente; muchos más ataques ocurren de los que llegan efectivamente a conocerse a través de las redes sociales o los medios de comunicación, particularmente cuando la víctima es de una orientación sexual o identidad de género aún más marginada, como por ejemplo es el caso de las mujeres trans.

A 9 años del asesinato de Daniel Zamudio, ser LGBTI+ en Chile sigue siendo peligroso, y una ley que promete considerar como agravante penal que un acto delictivo se cometa con motivación de discriminación poco ha hecho para atenuar esta realidad. Claro, ¿cómo podría hacerlo, si quienes aplican esta ley son en si-mismos parte del problema? Fiscalía y la PDI, a cargo de investigar y de fiscalizar tales crímenes, son notorios por la falta de diligencia en las investigaciones y la gestión judicial. Cuando Nicole Saavedra fue asesinada por ser lesbiana visible, estos órganos del sistema de justicia no fueron capaces ni de hacer las pericias más básicas en el arsenal investigativo -rastrear el celular de la joven desaparecida- hasta que la presión de la familia, las y los amigos, y del movimiento feminista y lesbofeminista, culminando famosamente en la toma de la fiscalía de Quillota, los obligara a tomar estas acciones. Y como este, hay casos igual o más flagrantes de negligencia investigativa: el lesbicidio de Ana Cook, que data del año 2017, aún no tiene respuesta; hay sin duda más casos que no llegan a siquiera ser investigados. Ni hablar del cuerpo de carabineros, que se ha destacado por su capacidad de cometer crímenes de odio más que por su capacidad de detenerlos o de investigarlos: durante la revuelta popular, uno de los muchos atentados contra los derechos humanos de Carabineros de Chile fue el secuestro y violación de un estudiante de medicina gay, que fue insultado por su orientación sexual mientras que oficiales lo torturaban.

Ninguno de los casos mencionados es un caso aislado. Más bien, constituyen un patrón de negligencia, abuso y discriminación hacia la comunidad LGBTI+ en la justicia chilena, que se perpetúa hasta cuando hay un supuesto triunfo de la justicia – ¿qué nos garantiza que su estadía en la cárcel le quite la homofobia al asesino? No hay programas de atención que busquen llegar a ese tipo de resultados, y dadas las condiciones carcelarias y la cultura machista que se puede dar en estas, más bien podríamos temer lo contrario. Ante la violencia LGBTI-fóbica, el Estado y el sistema judicial no tienen una respuesta adecuada.

Este año, Daniel Zamudio debería celebrar sus 34 años, pero su vida le fue arrebatada por el odio. Un odio que hasta el día de hoy representa un peligro letal e inminente para todas las personas LGBTI+ que habitan este territorio. Un odio que hasta el día de hoy sigue protegido, codificado y reproducido por todo el aparato judicial-penal chileno.