Compartir

Hace 72 años los distintos pueblos del mundo firmaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración tenía como objetivo que ninguna persona pasara, nuevamente, por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, 10 de diciembre, conmemoramos esta fecha desde nuestra cruda realidad: Chile violó y viola los Derechos Humanos.

Tras la salida pactada de la dictadura, la que garantizó impunidad para los violadores de los derechos humanos y puestos vitalicios en el Congreso, las ejecuciones y violaciones a los derechos humanos no pararon, es más, las acciones de las fuerzas de orden fueron respaldas por Patricio Alwyn, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Bachelet y Sebastián Piñera.

A partir del 18 de octubre del 2019, las violaciones a los DD. HH fue a gran escala: asesinatos, golpes, torturas, mutilaciones y violencia sexual, lamentablemente, se volvieron cotidianas en nuestro país a partir de la declaración de guerra que Sebastián Piñera realizó al pueblo el 20 de octubre de 2019.

Amnistía Internacional, un día después de las declaraciones de Sebastián Piñera manifestó su preocupación, ya que, como señalan en una carta dirigida al propio Piñera, “las declaraciones que Ud. efectuara en el día de ayer, 20 de octubre de 2019, en las que manifestara que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, envían un mensaje equivocado a la sociedad chilena, al equiparar las manifestaciones de demanda social con un conflicto armado y la narrativa de un enemigo interno, donde las autoridades estatales estarían habilitadas para ejercer la violencia en contra de un objetivo militar. Esto, no solo menoscaba seriamente las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas en Chile y, en particular, el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica, sino que allana el camino para justificar graves violaciones de derechos humanos en contra de la población“.

Como en los tiempos más oscuros de nuestro país, el gobierno buscó por todos los mecanismos disponibles negar la violación a los Derechos Humanos, incluso se reunió, secretamente, con los ejecutivos de los canales de televisión. Sin embargo, no pudo ocultar la realidad.

Fueron cuatro informes de organizaciones internacionales que lapidaron al gobierno. A pesar de eso, el Congreso no fue capaz de juzgar políticamente a Sebastián Piñera y realizó un “Acuerdo por la Paz”, no para buscar justicia ni reparación a las víctimas, sino que para salvaguardar sus puestos de poder y el gobierno de Piñera.

Los informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) son lapidarios y no dejan espacios a dudas: Chile violó masiva y gravemente los Derechos Humanos.

El informe de la CIDH deja constancia de la violación al derecho a la vida; del uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones, incluidas lesiones a personal que realizaba labores de auxilio y asistencia médica; constata un elevado número de personas que han sufrido traumas oculares como consecuencias del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas usados por Carabineros. Además, consagra casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contexto de las detenciones, donde se denuncian “simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescentes”, entre otros actos.

Destaca las denuncias de violación sexual y abusos sexuales también en el contexto de las detenciones, donde se “habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual”.

Por su parte, el informe de la OACDH reitera la caracterización de las violaciones que hizo la CIDH: violaciones graves, masivas y reiteradas en el tiempo.

EL informe de la OACDH señala que, “hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”, y con ello la responsabilidad recae a las autoridades políticas (Ministerio del Interior y el propio Sebastián Piñera). Además, se denuncia que un gran número de las personas arrestadas y detenidas fueron víctimas de maltratos (“incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, que equivalen a tortura”); y, nuevamente, destaca la falta de medidas efectivas al señalar que “muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”.

A pesar de los distintos informes y la gravedad de los mismos, las autoridades, tanto políticas como policiales, aún niegan las violaciones a los Derechos Humanos y, como en dictadura, la impunidad parece perpetuarse.