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Intervención a la Prensa

Por Ignacio Kokaly

La historia no siempre suena igual, pero muchas veces se transmite, se locutea y se escribe parecido. Cuando Renzo Mazzei, gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), optó por renunciar a su cargo lo hizo con motivos fuertemente arraigados en la ética periodística, denunciando de inmediato el trasfondo de la situación.

Y es que, según denunció el periodista, a un día que el designado expresidente peruano, Manuel Merino- quien finalmente renunció a la banda presidencial tras haber llevado las riendas del país por menos de una semana tras la destitución de Martín Vizcarra- asumiera el cargo, su teléfono sonó. La orden, según hizo público, era concisa e imperativa: “que el canal dejara de informar sobre las protestas que en ese momento se transmitían en vivo por la señal del canal del Estado”, contó, dejando entrever que se trataba de “un intento de manipulación y censura a la cobertura informativa”. Su interlocutor era, conforme apuntó, un colaborador de confianza del Gobierno en el Congreso.

En retrospectiva, la denuncia de Mazzei se pone a contraluz con las múltiples acusaciones de intervención a la prensa en Chile durante los días más crudos de la Revuelta Popular. No es obra del azar, sino parte del primer instinto o la hoja de ruta de cualquier gobierno al filo de la democracia que enfrenta una profunda crisis social.

Las comunicaciones son la joya de la corona, y es lo primero que este tipo de gobiernos buscarán capturar. Por esta misma razón es que cuando la Federación de Trabajadores de Televisión (FetraTV), denunció las diversas reuniones entre el poder Ejecutivo y sus “enviados” en Chile, con los medios de comunicación tradicional más importantes, las suspicacias volcadas sobre las intenciones del mandato de Sebastián Piñera para con la prensa, suenan impresionantemente parecidas a las del caso peruano.

A continuación, en una recopilación realizada por el equipo editorial de Primera Línea Prensa, se mencionan parte de los hechos cruciales a través de los cuales se buscó intervenir, coartar o limitar la libertad de información durante los días más complejos de la Revuelta Popular en Chile.

“Los Enviados Especiales”

Desde Karla Rubilar hasta el propio Sebastián Piñera. Larga es la lista de nombres ligados al gobierno respecto a los cuales se denunció habrían estado sosteniendo reuniones secretas con altos ejecutivos de los canales de televisión, con motivos aún no clarificados en su totalidad.

Sin embargo, el primer “enviado especial” que hizo eco entre las mencionadas denuncias fue el exMinistro del Interior Andrés Chadwick. “Nos permitimos denunciar una practica anticonstitucional y antidemocrática por parte del Gobierno y su ministro del Interior, el que ha citado en el curso de esta semana a todos los directores ejecutivos de medios televisivos a La Moneda, lo que implicaría una clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa para cubrir la información de los medios respecto del estallido social que hoy conmueven al país”, reza parte del comunicado donde los trabajadores de televisión apuntaron directamente a la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) y al ex encargado de la cartera por una reunión secreta con los ejecutivos de los canales de televisión más importantes el día 19 de octubre del 2019, es decir, horas después que el fuego de la revuelta social estuviera ardiendo sobre el pavimento.

Asimismo, según reportajes, Karla Rubilar acudió a una reunión privada con el, en ese entonces, director de prensa interino de Canal 13, Cristian Bofill, quien asumió el cargo tras la renuncia de Enrique Mujica, el cual antes de su dimisión sostuvo un tenso round con el director ejecutivo del excanal católico, Maximiliano Luksic, hijo del magnate Andrónico Luksic, por motivos que estarían vinculados a los cuestionamientos en vivo y en directo al exDirector General de Carabineros, Mario Rozas, en una entrevista.

En tanto, Piñera, que por esos días se encontraba confiado en que las protestas no durarían mucho tiempo, fue acusado de sostener reuniones con rostros de televisión como Tonka Tomicic, entre otros, para solicitarles “ayuda” antes de una entrevista.

Las Cartitas

Las estrategias de intervención, a veces sutiles, a veces evidentes, no se remitieron solo a los grandes medios televisivos. En las salas de prensa de La Tercera y El Mercurio hizo eco una minuta que habría sido enviada por el Gobierno a la redacción de los mencionados diarios, con una temática que informaba sobre la quema del Metro y la vinculación de dicho suceso a activistas provenientes de Cuba y Venezuela.

El documento en cuestión fue seriamente criticado, y percibido como una clara intención del Ejecutivo por intervenir en las pautas editoriales de dichos medios con la intención de manipular o deformar la realidad.

Para lo anterior existían motivos fundados, y es que, no pasó demasiado tiempo para que la información fuera desmentida por el fiscal Omar Mérida, a cargo del caso, señalando, en conversación con T13 Radio que “la Fiscalia Oriente no tiene antecedentes respecto de identidades específicas ni nacionalidades específicas”, expuso.

Por la misma razón es que, al menos el medio dependiente del Consorcio Periodístico (Copesa), debió publicar una aclaración, en la cual se admite que el documento fue enviado por autoridades de gobierno y se consigna, textualmente, que el escrito señalaba que “están identificadas, asimismo, personas que participaron en manifestaciones violentas cuyo origen es venezolano y cubano, y se está chequeando su vinculación con los servicios secretos de esos países. Además, se está haciendo un seguimiento de otros extranjeros que cumplieron un rol activo como agitadores e instigadores en hechos de violencia”, indicaba el escrito emanado del Gobierno y cuya veracidad no fue corroborada.

A su Criterio

Finalmente, entre otros factores provenientes de reuniones secretas, es preciso regresar a las cámaras y al mundo de la televisión, ya que, como si se tratara de las leyes no escritas de esta sociedad, varios canales criollos optaron -en un cónclave privado convocado el 4 de octubre del 2019, antes del denominado Estallido Social, por la exdirectora de prensa de TVN, Marcela Abusleme, con los representantes de Chilevisión, CNN, Canal 13 y Mega- por alejar a los periodistas de manifestaciones masivas, arguyendo que dicha decisión sería para proteger la integridad física de los profesionales.

En detalle, lo acordado en dicha cita estaba listo para oficializarse como una suerte de protocolo en conjunto, sin embargo, al momento de iniciar la revuelta popular solo se alcanzaron a establecer tratos “de palabra”, que, paradójicamente, se vieron plasmados en la realidad, e incluso, algunos canales como Mega optaron por oficializarlos internamente en documentos.

Por ejemplo, en un comunicado interno difundido entre los periodistas de la señal dependiente del Grupo Bethia, se establecen una serie de lineamientos y se reconoce que estas acciones impactarían a la realidad que finalmente se mostrará, consignando que “evidentemente esto afectará las coberturas en términos de lo que veníamos realizando anteriormente, pero es lo que tenemos que hacer hoy para proteger nuestra integridad que es lo más relevante en estos momentos”, admitiendo que dichas normas no son nuevas, solo que han sido puestas por escrito, exponiendo así, el vínculo con la reunión de 4 de octubre.

Entre otras cosas, de lo hablado en dicha reunión se esgrimió que los periodistas deberían hacer las coberturas de la protesta “bajo su criterio”, sin distintivos del canal, alejándose de aglomeraciones y, en lo posible con tomas aéreas o utilizando imágenes de un banco de registros dispuesto por los canales para ser compartidos, dando cuenta que la sugerencia primordial sería, literalmente, apartar a los comunicadores de las calles.