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Trabajadores independientes

Dani K. Arroyo

Según las cifras de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), realizada el 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas, existe un promedio de 8.198.264 trabajadores y trabajadoras en Chile, de los cuales el 25,9% son trabajadores y trabajadoras independientes, es decir que se encuentra “en el ejercicio de la actividad de que se trate no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia”, según el art. 3° del Código del Trabajo. Este 25,9% de los y las trabajadores ocupados en Chile que ejercen como independientes viene a representar un total de 2.123.350 personas, más del 10% de la población total del país. En fin, estamos hablando de más de dos millones de personas que, en su mayoría, trabajan en condiciones sumamente precarias – sin contrato ni ningún tipo de garantías de vacaciones, licencias, ni pre- o postnatal, entre otras cosas. Resulta, entonces, sumamente importante preguntar como el gobierno ha ayudado – o no – a estos dos millones de trabajadores y trabajadoras.

El 14 de junio, el Presidente Piñera anunció en cadena nacional el Plan Económico de Emergencia por coronavirus, el cual contempla “medidas para apoyar a los trabajadores independientes de manera que puedan mitigar los efectos que podría generar el virus Covid-19.”[1] Sin embargo, este plan contempla escasas medidas: la devolución anticipada del impuesto global complementario y la devolución de las retenciones de enero y febrero, y la devolución anticipada de impuestos a trabajadores independientes. Es decir, el principal beneficio para quienes emiten boletas a honorarios fue la devolución anticipada de partes de sus impuestos. Se les entrega su propio dinero como una gracia, una misericordia, cuando la realidad es que todo lo entregado es dinero que le pertenecía ya al trabajador o trabajadora independiente.

Además de las medidas contempladas en este plan económico, a fines de junio se promulgó el Seguro Social de Protección de Ingresos para los Trabajadores Independientes, que según Clase Media Protegida, “puede actuar como un subsidio o un préstamo”[2]. Consiste en un crédito que podrá ser pagado durante hasta tres meses, y cuyo monto varía según los ingresos promedio del trabajador o trabajadora en cuestión. Y como todo crédito, constituye una deuda que deberá ser pagada entre el 2022 y 2024 (20% pagado el 2022, 40% el 2023 y 40% el 2024). Según la Fundación SOL, el 75% de los hogares chilenos se encuentra endeudado, y los hogares chilenos destinan el 75,4% de sus ingresos a pagar deudas. Este llamado seguro de protección no es más que otra forma de endeudar al pueblo chileno con otro crédito que para muchos será difícil o hasta imposible de pagar, considerando que hasta los pronósticos más moderados de la crisis económica que está comenzando estiman que aún veremos efectos de la crisis el 2024, año límite para pagar la deuda de este seguro de protección.

En resumen, las dos medidas que ofrece el gobierno a los dos millones de trabajadores y trabajadoras independientes para mitigar el impacto de una crisis económica y sanitaria que ya muestra sus dientes es la entrega de la propia plata de los trabajadores y trabajadoras, y una deuda más que sumarle a la larga lista de deudas que plagan al pueblo chileno. Ambas de estas medidas se proyectan también a muy corto plazo, un pago de una vez o un crédito que se entregará durante un máximo de tres meses, aunque la situación sanitaria y económica se ha mostrado claramente de largo plazo. Esto no es más que la culminación de un sistema que expone a trabajadores independientes a las condiciones más precarias del mercado laboral, y que insiste en la deuda como forma de tapar la precariedad con un dedo.

Estas medidas sacan a relucir la desprotección total del 10% de la población chilena y de sus familias, que ciertamente ha existido hace mucho, pero que no se ve más que agudizada con la situación de pandemia. Sindicatos de trabajadores a honorarios hace años han reclamado por sus derechos laborales y denunciado la frecuente vulneración de estos mismos – desde contratos a honorarios que no cuentan con garantías mínimas de salud hasta el despido de dirigentes sindicales. En vez de optar por ofrecer soluciones tangibles a los problemas que presentan los trabajadores y trabajadoras independientes, el gobierno ha elegido poner el marcha medidas que poco y nada les ayudan a mitigar los efectos de la crisis económica y sanitaria.

Nuevamente, se observa que el gobierno no ha aprendido nada desde octubre del año pasado, e insiste en negar al pueblo la dignidad que tanto se exigió. Detrás de la retórica de apoyo a la clase media, a las Pymes, a los trabajadores y trabajadoras independientes, que tantas veces saca a relucir el Presidente en cadena nacional, se esconde más de lo mismo que hemos visto como pueblo durante más de 30 años: la mantenencia calculada de una precariedad maquillada, que apuesta a mantener al pueblo complaciente dentro su propia explotación.


[1]https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/apoyo_para_trabajadores_independientes

[2]https://clasemediaprotegida.gob.cl/ciudadano/fichas/seguro_de_proteccion_para_independientes