Por Macarena Cárdenas
Durante agosto del año 2019, la Cámara Chilena de la Construcción publicó su estudio “Índice de acceso a la vivienda” el cual evidenció que Chile se encuentra entre los países en donde la residencia se establece en la categoría de severamente no alcanzable, tras sostenerse con un 7,6 en el indicador internacional que se estudia en base a la comparación del ingreso promedio de los hogares y el precio promedio de las viviendas del territorio (PIR), es decir, que para que una familia promedio pueda adquirir una propiedad habitacional, esta debe destinar la totalidad de su sueldo mes a mes durante 7,6 años para el financiamiento de esta. La precarización de la vida se intensifica cuando un importante porcentaje de la población sobrevive a la falta de derechos fundamentales incluido aquí la oportunidad habitacional, la cual se demostró en el Catastro Nacional de Campamentos 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tras señalar que existen 26.286 habitantes en campamentos a nivel nacional.
El aumento de las complejidades para acceder a subsidios habitacionales a lo largo de los años junto a las problemáticas que surgieron de la crisis económica que ha prevalecido a causa de las defectuosas medidas del gobierno de Sebastián Piñera para hacerse cargo de las necesidades de la clase trabajadora, ha dejado a la deriva a cientos de familias que han sido desvinculadas de sus lugares de trabajo por la exacerbante desprotección laboral en un contexto que impide ejercer distintas labores de subsistencia, situación que se repite de igual manera para quienes se desempeñan de forma independiente.
“Antiguamente tu postulabai con $350.000 pesos a una vivienda, ahora en día (…) nosotros tenemos que estar postulando por lo menos con $1.200.000 hacia arriba y desde ahí quedamos pagando dividendo, por eso que mucha gente está perdiendo sus viviendas, porque en este momento con todo lo que es la crisis y la pandemia no hay dinero” manifestó Alejandra Soto, dirigenta en la organización de solidaridad entre pobladores de la etapa 3 del Campamento Dignidad de La Florida, en una entrevista exclusiva para Primera Línea Prensa.
El sistema de reproducción capitalista se ha encargado de expresar el derecho a la vivienda dependiendo de una serie de características con las cuales se deben cumplir para acceder a ella, pues este está siendo mediado por la capacidad de compra de cada uno de los pobladores lo cual imposibilita a quienes se desempeñan como trabajadores independientes o con bajos ingresos para habitar los espacios que requieren según la cantidad de integrantes en sus familias en conjunto con sus necesidades específicas, sino más bien la que las lógicas del Estado les permita financiar.
El Campamento Dignidad ha sido una de las tomas de terreno que surgieron desde las precariedades de este sistema a inicios de este año y que se encuentra albergado a cientos de pobladoras y pobladores con la solidaridad que conlleva el trabajo conjunto de algunas organizaciones, asambleas territoriales y dirigencias internas del campamento. Alejandra nos relató a cerca de la necesidad de habitar un terreno desocupado en estos momentos: “yo vivía de allegada donde mi hermano. ¿Por qué me vine a la toma? Por la necesidad de tener mi casa y poder juntar la plata que me está exigiéndome el Ministerio de Vivienda para poder postular a mi casa, por eso me vine a la toma y todos nuestros vecinos se han venido por eso. Y lo otro, los que han llegado ahora último, es solamente porque no tienen cómo pagar arriendos porque no hay trabajos en este momento, no hay plata”. Así mismo, según el Índice de acceso a la vivienda de la CChC, se registró un aumento del 13% en los requisitos habitacionales de 2017 en comparación con los de 2015 y un 35% en la totalidad de familias viviendo en la situación de allegados durante el mismo periodo.
La crisis que ha generado el Covid-19 en nuestro territorio y las medidas que se han impulsado para contener las desigualdades no han sido lo suficientemente consideradas para una población que sobrevive a las precariedades del nulo aseguramiento de sus necesidades más básicas puesto que estas se ponen en jaque dependiendo de la capacidad adquisitiva de cada grupo familiar.
Dentro de estas consideraciones para superar la crisis sólo se han presentado medidas protectoras de los grandes empresarios en desmedro y atentando contra las vidas de las y los trabajadores, la fragilidad del sistema neoliberal para solventar los perjuicios de la crisis humanitaria y los intereses de la clase dominante en su conjunto, se han convertido en cómplices de la pobreza y el hacinamiento de la totalidad de una población que se expone con crudeza a aquella realidad.
El sueño de la casa propia se ha instalado en las consciencias de la clase trabajadora como una meta de vida debido a la inaccesibilidad con la que esta se restringe. La violencia simbólica que implica el instalar un derecho fundamental para el desarrollo de todas las personas como lo es tener un techo para vivir (o muchas veces sobrevivir), se fundamenta a causa de susceptibilidad del quehacer neoliberal regido por la explotación de quienes construyen el territorio para ser acomodadamente habitado por unos pocos. Desde hace un tiempo la organización, fraternidad y solidaridad entre pobladores han sido evidenciadas debido a la exasperación que ha causado el mal manejo de la coyuntura así como también cómo el aumento de la cesantía que ha incrementado la marginación de un importante y mayoritario sector de la sociedad que se unió para demandar a los culpables de su miseria.
