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A cinco meses de su detención el 21 de octubre del 2019, Ignacio Matus continúa recluido en prisión preventiva sin más pruebas dentro de la carpeta investigativa, que el relato carabineros, quienes, según cuenta, realizaron una verdadera sesión de tortura que incluyó desde explícitas amenazas de muerte, hasta el posterior falseamiento de información.

En un reportaje exclusivo realizado por la unidad investigativa de Primera Línea Prensa, pusimos bajo la lupa las controvertidas aristas del caso, encontrando graves discordancias en el relato de los efectivos que aquella noche detuvieron al joven de 23 años.

Por Ignacio Kokaly

Son las 18:00 horas del lunes 21 de octubre de 2019. Ignacio Matus, de 23 años, cruza el umbral de la puerta de su casa tras una jornada de trabajo. Su madre y su hermana lo esperan con el pan en la mesa para tomar once. Un par de horas más tarde, las cacerolas comienzan a sonar. Es una nueva jornada de protestas, y sin quedarse atrás, decide salir y unirse a las miles de voces que, a lo largo de todo el país, claman por justicia social. De pronto, los disparos, las balizas de Carabineros y el frenazo de una patrulla se imponen y quiebran el pacífico ambiente que hasta esa instancia se desarrollaba.

Aquella noche, Carabineros de la sexta comisaría de San Pedro de la Costa detuvieron a Ignacio Matus a pocas cuadras de su casa. Lo acusaron de estar vinculado a un ataque al recinto policial y de portar dos cartuchos de escopeta de caza cuya procedencia, en la práctica, aún no ha sido determinada. Solo eso bastó, para cualquier efecto, Matus es un peligro para la sociedad.

Dos cartuchos

Son las 18:00 horas del lunes 21 de marzo de 2020. Su madre y su hermana están sentadas exactamente en la misma mesa en la que tomaron once, pero Ignacio aún no ha vuelto. Solas, se miran a los ojos y recuerdan, aún sin dar crédito, cómo es posible que se cumplan cinco meses desde que Ignacio se fue.

—¿Nacho, dónde vas? — Preguntó su madre el 21 de octubre.

— voy donde un amigo a jugar play. Te amo mamita—

Su hermana, Nicole, atenta a la conversación, hoy señala que apenas escuchó esas palabras salir de la boca de Matus, le advirtió que fuera cauteloso. “Yo, como la hermana mañosa que soy, le dije ‘Nacho, anda con tu carnet, anda que te agarren los pacos’… nunca pensé que se cumpliría. Y mi hermano dijo ‘Ay, si voy ahí no más’. Ahí ya no volvió”.

Hace cinco meses Ignacio Matus salió a protestar. Hace cinco meses se despidió de su madre y su hermana con la frágil promesa de que pronto estaría de vuelta. Hace cinco meses que no regresa a su hogar.

Según informa la Coordinadora 18 de Octubre, citando un documento emitido por la Fiscalía Nacional de Chile, desde el inicio del denominado “Estallido Social”, más de 30.000 personas pasaron por audiencia de control y detención, se efectuaron más de 20.000 formalizaciones, de las cuales casi 2000 derivaron en prisión preventiva para los acusados, cuyas imputaciones, en buena parte de los casos, no ameritarían la aplicación de la medida cautelar en otro contexto, dejando muy en claro que, efectivamente, en Chile se encarcela por motivos políticos. Ignacio Matus, recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bio Bio, popularmente conocido como la cárcel El Manzano, es un expediente más en la larga lista de casos que figuran en el Poder Judicial.

No fue solo hasta el 5 de noviembre que Ignacio Matus se quebraría ante los funcionarios del Servicio Médico Legal. Durante la entrevista, le cuesta articular las palabras; su cuerpo entero, y especialmente su rostro, están cubiertos de hematomas y lesiones.

Según el relato de Matus, la noche del 21 de octubre de 2019, se encontraba participando en un cacerolazo, cuando de pronto, desconocidos dispararon a una patrulla de Carabineros que realizaba una ronda preventiva debido a presuntos ataques a una comisaría.

Hasta ese minuto, tanto la versión de Matus como la de los carabineros que le acusan se encuentran en completa concordancia. Sin embargo, Ignacio es enfático en aclarar que la aglomeración de vecinos jamás hizo daño al vehículo policial, proviniendo los disparos desde otro lugar cercano. Aun así, cuenta que apenas los funcionarios vieron la masa de gente reunida, arremetieron disparando bombas lacrimógenas y perdigones.

En ese instante todo se volvió confuso. La gente comenzó a correr en varias direcciones a fin de escapar de la represión. Pero Ignacio, debido a una lesión que habría sufrido hace un tiempo en su tobillo, se quedó atrás, inmóvil, esperando ser apresado tranquilamente. En lugar de eso, relata que funcionarios de Carabineros, sin mediar provocación, comenzaron a agredirlo salvajemente. “Al momento de la detención, Carabineros comenzó a golpearme (…) yo ya me había sometido y ellos ya estaban encima de mí. Luego me esposaron, me subieron a un carro policial y me llevaron a la 6ta Comisaría de San Pedro de la Costa. En el trayecto a la comisaría me golpeaban y me insultaban”, dijo, según consta en documentos accedidos por este medio.

No obstante, las agresiones y vejaciones no terminarían ahí. Ya que cuando llegó al recinto policial, uno de sus aprehensores gritó “este fue el que disparó”, motivando que los carabineros, en aparente represalia a un ataque previo al recinto policial, comenzaran una verdadera sesión de tortura contra Matus.

Una vez dentro de la comisaría, habría sido conducido a un punto ciego, le dijeron que él “iba a pagar por todos los que no pudieron atrapar”. Según versa parte del relato, entre 15 y 30 funcionarios empezaron a golpearlo, con los puños y los bastones de servicio, en diversas partes del cuerpo, centrándose en la cara, el estómago y los genitales, incluso tomándose turnos para agredirlo por extensos periodos, tiempo en el cual, el detenido sufrió dos desmayos y llegó incluso a vomitar producto del ataque.

En medio de la tortura, Matus notificó que uno de los carabineros que participó en la golpiza portaba un anillo, el cual, cada cierta cantidad de golpes, era cambiado de mano para infringir el mayor daño posible. Asimismo, declaró que constantemente buscaban vincularlo con un sujeto al cual Ignacio no conocía, y que según carabineros habría perpetrado el ataque a la comisaría.

Finalmente, y tras una serie de negativas respecto a la obtención de información sobre el sujeto, le indican que se levante y vaya a lavarse la cara porque estaba sangrando, para luego trasladarlo a realizar la primera constatación de lesiones.

En el trayecto al recinto médico, detalla que carabineros continuó con las agresiones, amenazándolo de muerte constantemente, con frases tales como “te vamos a matar, te vamos a ir a tirar a la playa”, dijeron, en alusión a las prácticas de desaparición de personas que las fuerzas armadas llevaban a cabo con los asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Finalmente, la constatación de lesiones se habría efectuado ante la mirada atenta de los funcionarios que previamente lo amenazaron de muerte. Por un momento, los peores escenarios se vinieron a la mente del joven de 23 años, y la explicación que dio para justificar los numerosos hematomas que cubrían toda su cara fue que simplemente se cayó, motivando que el carabinero que se encontraba justo al frente de él le sonría de forma burlesca.

Culminando la noche, Ignacio regresó a la comisaría en compañía de sus agresores. “Me hicieron firmar el papel de los derechos humanos, después de todo lo que me habían golpeado, fue cuando empecé a ver que decían que me iban a cargar unos cartuchos de escopeta, en tono burlesco (…) al otro día pasé a juicio, y en ese momento me dijeron que yo estaba por porte de munición (…) ahí me declararon peligro para la sociedad y me mandaron preso injustamente”, versa uno de los documentos pertinentes al caso.

“El Ignacio igual es responsable, llega antes de las 7 para poder irse al trabajo, pero mi hermano no llegó (…) fuimos a la casa de su amigo y no salió nadie, entonces fuimos a la comisaría, aunque nunca nos avisaron nada. Cuando mi mamá lo pasó a ver como por tres minutos, mi hermano estaba tirado en el calabozo con una botella de cabecera y tapado con una manta toda sucia. Apenas se podía mover, y le dijo a mi mamá que los carabineros lo golpearon”, sentencia Nicole, agregando que Matus habría dicho “me querían matar estos weones”, añadiendo que cuando increparon a los efectivos por el estado de Matus, uno de ellos se burló y respondió “si quieren poner un reclamo, pónganlo”, cuenta.

Tras ese día, Ignacio Matus perdió su libertad, y su madre y hermana perdieron a Ignacio. Desde ese entonces, han dedicado cada instante para protestar por la causa de quienes, solo por motivos políticos, han sido declarados en prisión preventiva.

Se lo juro por mi cabo

A pesar del detalle que existe en la declaración de Matus, el juicio se ha guiado básicamente por la declaración voluntaria de los carabineros que apresaron al joven esa noche, la cual, si bien resulta mucho más simple y abierta en el desarrollo de los hechos, presenta incongruencias cruciales en la construcción del relato.

Por su parte, según la versión de Carabineros, mientras la patrulla realizaba su ronda preventiva por el supuesto atentado a la comisaría, el vehículo fue atacado por tres sujetos, de los cuales uno pudo escapar, siendo aprehendidos Matus en compañía de otro individuo, que según los funcionarios portaba una escopeta y un chaleco antibalas, siendo Ignacio quien mantenía las municiones de dicha arma.

Es precisamente en esa parte que comienzan a aparecer las primeras incoherencias en el relato de los funcionarios. En detalle, según mencionan, cuando logran dar con los sujetos y ejecutar la detención, un grupo de vecinos salieron de sus casas, abalanzándose sobre los efectivos e  intentando “quitarles” tanto a Matus como al sujeto de la escopeta, formando una gresca de proporciones en la que los funcionarios son agredidos con golpes de puños y palos en su cuerpo, lo cual, a su vez, resulta discordante con lo estipulado en el mismo documento de la institución, el cual señala que los carabineros solo mantienen lesiones en sus manos, y no en el cuerpo como dicta el relato. Bajo esta lógica, Nicole Astudillo, hermana de Ignacio Matus, entrega una versión más plausible, y es que dichas lesiones en las manos de los efectivos se habrían producido de tanto pegarle a Ignacio en la sesión de tortura.

Asimismo, para justificar las lesiones de Matus, Carabineros señaló que estás se las hizo el mismo cuando trataba de escapar, cayendo de bruces al suelo, además de otras lesiones que los pobladores que salieron en su defensa, paradójicamente, le habrían provocado en la disputa con Carabineros. Sin embargo, según partes médicos adjuntos, observados para la elaboración de este reportaje, existen lesiones que no concuerdan del todo con la abierta explicación, sin detalles, de la institución, como lesiones en el cuero cabelludo y equimosis y hematomas lineales, tipo riel, usualmente asociadas a golpes con objetos contundentes alargados, y cuya distribución, no se da en un área específica, sino que se extienden por todo el cuerpo de Ignacio, tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

Además, en la primera constatación de lesiones que Carabineros tuvo a cargo, se declaró que Ignacio Matus tenía lesiones leves. Todo el papeleo adjunto por la institución se derrumbó en breve. Cuando Matus pasó a control de detención la mañana del 23 de octubre, apenas se podía mantener en pie. Sus ojos aún no respondían, bloqueados por los pliegues de piel de sus mejillas hinchadas. Ese día, fue la propia magistrada la que, en vista del estado del joven, ordena una segunda constatación de lesiones, que finaliza arrojando un trauma facial grave y traumatismo dentoalveolar, decretando la necesidad de atención médica urgente para Matus.

De igual manera, en el relato de Carabineros registrado aquella noche no se da cuenta explícitamente de un hecho crucial que ocurrió en la instancia, y es que, convenientemente para la historia contada por los efectivos, el presunto sujeto de la escopeta, que habría disparado al carro policial, logró escapar gracias a la supuesta turba, sin poder ser identificado, resultando el procedimiento en la sola detención de Ignacio Matus. Incluso, el escape del principal agresor no es admitido hasta mucho tiempo después, cuando los carabineros brindan las primeras declaraciones ante el poder judicial, una vez más, sin dar detalles.

En esta misma línea, también resulta incomprensible que, basado en las declaraciones de los efectivos, los carabineros hayan podido revisar los bolsillos de Matus y encontrar los dos cartuchos antes de que la supuesta turba los atacara, sin desarmar al sujeto que se encontraba con la escopeta y sí representaba una amenaza. En ningún documento o declaración utilizada para la investigación figura que se haya requisado una escopeta, dando a entender, que en el caso de existir, el sujeto logró escapar con ella, o bien, jamás existió dicho individuo.

Asimismo, el presunto ataque a la comisaría es un punto confuso para la familia, ya que, mientras Carabineros asegura tener un set fotográfico de los daños, su hermana señala que cuando lo fueron a ver al día siguiente, las instalaciones del recinto policial no se veían afectadas.

Sin embargo, no fue un Carabinero el que meses después haría sonar el martillo durante el juicio que acabaría finalmente sentenciándolo a prisión preventiva. Y es que el caso, que hoy en día es emblemático de las protestas por los presos políticos en Concepción, ha tenido un juicio que no ha estado exento de polémica.

Por ejemplo, existen suficientes motivos para pensar que la medida tomada con el joven no tiene asidero legal, y se estaría guiando por la supuesta vinculación de Ignacio Matus con el ataque a la comisaría, sustentada en la palabra de los efectivos que lo apresaron.

En detalle, según archivos a los que Primera Línea Prensa tuvo acceso, para cualquier efecto relevante al juicio, Ignacio Matus no tiene antecedentes penales, configurando una irreprochable conducta anterior, además de, con pruebas utilizadas para su defensa y múltiples documentos laborales, peritajes psicológicos y sociales, haber acreditado que es un miembro totalmente compatible con la vida en sociedad, incluso, su hermana señala que en el lugar donde su hermano trabajaba “a fines de octubre lo contrataban (…) Aún tienen su puesto de trabajo disponible”. Nada de eso ameritó siquiera un pronunciamiento, la palabra de Carabineros seguía siendo, aparentemente, incuestionable para el Poder Judicial.

En esta línea, tampoco se cumplen los requisitos para aplicar prisión preventiva para el presunto porte ilegal de munición, los cuales son el no haber sido formalizado por uno o más delitos, tener antecedente o encontrarse cumpliendo con alguna medida cautelar o libertad vigilada.

Es preciso también considerar una negligente gestión legal que tampoco favoreció mucho a Matus, ya que, con el tiempo en contra, no se solicitaron diligencias investigativas de urgencia, y las que se efectuaron, fueron rechazadas, provocando un nulo movimiento investigativo y descartando opciones de revocar la prisión preventiva en el periodo inicial del juicio, situación que hoy tiene a la actual defensa con el viento en contra.

Recientemente se pidió volver a revisar la medida ante tribunales. Preparadas, listas para ser incorporadas a la carpeta investigativa del caso, estaban los testimonios de los testigos que podían dar fe de lo ocurrido esa noche. Los documentos estaban firmados, literalmente, con todas las de la ley, pero, por razones que aún se desconocen, no fueron tomadas en cuenta.

Finalmente, hay que destacar que en el lugar de los hechos, según Carabineros, no había cámaras de seguridad que pudiesen registrar los acontecimientos, aunque Ignacio alega que en el informe, los funcionarios falsearon el lugar de arresto, señalando que en el lugar que él indica sabe de una cámara que podría ser objeto de peritaje. Asimismo, tampoco existen antecedentes imparciales que le vinculen alguna participación con los delitos que se le imputan.

En la práctica, y a la vista de los documentos observados en la investigación, la prisión preventiva que ha alejado a Ignacio de su familia y el estigma de ser catalogado como un peligro para la sociedad, se sustentan en la sola palabra de los cuatro carabineros que declararon aquella noche, y dos cartuchos de escopeta cuya procedencia aún no es determinada más allá de un relato incompleto entregado por los funcionarios.

Peligro para la sociedad

La vida en prisión, para alguien que jamás ha estado en el encierro, suele ser complicada. Y es que después de todo, Ignacio Matus no solo está cumpliendo con una medida cautelar, sino también con una pena extraoficial, de esas leyes no escritas de esta sociedad que tienen su aplicación sin juicios. Según cuenta su hermana, la reclusión de Matus ha significado un duro golpe para él. “Detuvieron a un cabro mentalmente bien, y lo estaban dopando con Clonazepam, Quetiapina y Sertralina. Porque mi hermano no podía dormir y se la pasaba llorando. Está con trastorno post-traumático y trastorno del sueño”, dice afectada por el estado en que se encuentra su hermano.

De igual forma, Nicole señala que cuando recién pudieron normalizar visitas “mi mamá llegaba cada vez peor a la casa (…) mi hermano se hacía el fuerte, el que no le dolía nada, pero mi mamá lo notaba en su cara. No se podía ni sentar”, añadiendo que “yo a mi hermnao lo vine a ver como al mes de detenido. Porque de pensar en verlo me ponía a llorar. Y cuando lo fui a ver, y le vi su cara, quedé mal. Había pasado casi un mes y seguía su ojo morado y marcas en la cara. De hecho, mi hermano no quería que fuera a verlo, no quería hacerme pasar por eso”, cuenta Nicole con dificultad.

Desde la detención del joven, la familia ha abocado todas sus fuerzas al activismo por los presxs políticos de la revuelta popular, presentándose en cada marcha con un cartel que apela por la justicia para Matus.

Durante meses la historia de Ignacio Matus ha mantenido los detalles ocultos por miedo a represalias de carabineros. Los funcionarios caminan por las mismas calles y ven los mismos parajes, confundiéndose entre la gente de Concepción, según cuenta Nicole “mi mamá ve un carabinero y mira para otro lado. Les tiene como un miedo con rabia, no lo sé… Estuvimos tres meses con el caso del nacho oculto por miedo”, en este contexto, la familia solicita apoyo a la comunidad para reclutar peritos que ayuden a la aclaración de los hechos.

En el fondo, solo el pueblo ayuda al pueblo. El rol de las organizaciones sociales en el esclarecimiento del caso Matus ha sido crucial para la familia, en esta línea Astudillo señala que “cuando decidimos sacarlo a la luz se contactaron con nosotros del colectivo “No Más Presxs por Luchar”. Ellos me dijeron si quería que una asamblea territorial nos ayudara, y ahí conocimos a los chicos de la “Asamblea La Boca Sur Bío Bío”, y ellos han sido nuestro apoyo, son los que están todo el tiempo, atentos a mi hermano y a nosotros. Mi pareja, mi mamá y yo, tres mujeres luchando por mi hermano”, dice.

Hoy el caso se ha complejizado. Si bien la causa aún se encuentra con plazo de investigación vigente, la crisis sanitaria por la llegada del Covid-19 a suelo nacional ha hecho que el proceso se enrede aún más, sin ir más lejos, el lunes 23 de marzo, Ignacio iba a ser citado a declarar, pero debido a los diversos movimientos de las autoridades, eso no fue posible.

Mientras siga en prisión, sin sentencia ni pruebas imparciales, los Derechos Humanos de Matus, en la práctica, y a cinco meses de la denunciada tortura a manos de Carabineros, seguirán siendo violados.

Por ejemplo, esta semana, en Santiago, el juez Daniel Urrutia ordenó la liberación inmediata de 13 imputados por desórdenes públicos que mantienen prisión preventiva, argumentando que la garantías del sistema carcelario en Chile no harían más que agravar y poner en riesgo la salud de las personas que, sin haber sido condenados, se encuentran recluidas.

Pero poco duró dicho dictamen, ya que, al día siguiente, y en conferencia virtual, la decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago. No contentos solo con ello, determinaron que el actuar del Juez Urrutia estaba fuera de la ley, abriéndole un sumario disciplinario y suspendiéndolo de sus funciones por tiempo indefinido, decisión ante la cual la Comisión Chilena de Derechos Humanos anunció que acudirá a la ONU para apelar.

El caso de Matus es similar, y es que ahora, además de enfrentar las precarias condiciones sanitarias, quedará incomunicado de su familia, ya que, eventualmente, la comuna de San Pedro de la Paz, donde residen Nicole y su madre, será acordonada por la emergencia sanitaria, lo cual implicará que no pueda acceder a sus propios útiles de aseo y demás enseres dentro de la cárcel ubicada camino a Penco.

Pero, en vista de los antecedentes, nada de esto Matus lo tendría que estar viviendo. El boleto de ida al Centro de Cumplimiento Penitenciario fue gratuito, al igual que sus lesiones. Es la humillación, el daño  a él y a sus seres queridos, la incertidumbre que se siembra el estigma de ser declarado un peligro para la sociedad, el real precio que Matus tuvo que pagar por luchar contra las injusticias sociales. Así luce el vívido retrato de las acciones del estado; así luce el expediente de un preso por luchar, archivado entre los papeles de organizaciones estatales que, aplicando estas medidas, a las que cada persona que se manifiesta está expuesta, demostrarían que el Estado y sus arbitrariedades se configuran como el real peligro para la sociedad.