Por Dani k. Arroyo
En una conferencia de prensa hecha el 9 de abril, el Ministro de Salud Jaime Mañalich anunció que se comenzaría a entregar un “carnet sanitario” a las personas recuperadas de COVID-19. La idea de este documento, según un comunicado del Ministerio, es que funcione como un “carnet de alta” para personas que “hayan vencido la enfermedad, debido a que corresponderían a una población inmune al virus e incapaz de transmitirlo”, y por ende quedarán “liberadas de todo tipo de cuarentena o restricción”. Luego de una polémica de malentendidos con la OMS y de dificultades de seguridad informática que postergaron la entrega del documento, el llamado “carnet COVID” está programado para debutar dentro de la próxima semana.
Más allá de un legítimo cuestionamiento que han levantado expertos/as en salud pública, incluyendo la Presidenta Bachelet en conferencia con académicos/as de la Universidad de Chile, sobre la dependencia del documento en una “inmunidad” que no ha sido comprobada, el carnet COVID que propone el gobierno representa también una amenaza a la vida privada.
Ya que el carnet COVID permitiría a sus eventuales receptores/as ser liberados/as de toda restricción y cuarentena, resulta evidente que el documento servirá para permitir que los/as trabajadores/as en zonas de alto contagio puedan presentarse de todos modos en sus trabajos. Por ende, no es descabellado pensar que las empresas pedirán a sus trabajadores/as presentar su carnet COVID si lo han obtenido, para luego asignarles más turnos a estas personas y menos a quienes todavía no son “inmunes” (recordando que la condición de inmunidad sigue en duda). Es más, considerando el discurso de la normalidad y de la reactivación económica del gobierno, se podría hasta decir que esto es su objetivo principal.
Pero ¿desde cuándo es necesario presentar información tan sensible como un historial médico a nuestros empleadores? Nunca antes el empleador ha tenido acceso ni derecho a información tan sensible sobre sus trabajadores/as. La privacidad del o la trabajador/a frente a su empleador resguarda de discriminación laboral, malos tratos, y hasta acoso. Está altamente documentado que la vida laboral le está ganando terreno a la vida privada con el uso frecuente de aplicaciones como WhatsApp para mantener una comunicación constante entre trabajador/a y empleador. En este marco, agregar además la invasión de la privacidad sanitaria puede llevar a muchos/as trabajadores/as a situaciones de vulneración de sus derechos y de su dignidad.
Por supuesto, el carnet COVID y lo que implica para la vida privada de los/as trabajadores/as se inscribe también en un contexto más amplio de vulneración de la privacidad. En comunas en cuarentena (a la fecha, hay 4 millones de personas bajo cuarentena en la Región Metropolitana), es necesario presentar un permiso de circulación que acredite que uno está circulando por razones permitidas. El permiso solicita una dirección de inicio del trayecto, y una de finalización. Así es posible monitorear el movimiento de comunas enteras bajo la vigilancia de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Además, el Ministerio de Salud lanzó una “CoronApp” que permite a usuarios ingresar sus datos personales, síntomas y donde pasarán su cuarentena para monitoreo. De esta forma, se obtiene información médica (síntomas) y de ubicación de todos los usuarios y usuarias.
Es importante recalcar también el carácter de clase de esta vigilancia aumentada. Por supuesto, no todos los trabajadores y trabajadoras se verán igualmente invadidos/as por solicitudes de su carnet COVID. Sin duda, son aquellos/as que no pueden cumplir sus labores “teletrabajando” – es decir, trabajadores en las áreas de industria, del comercio y de algunos servicios – quienes se verán más perjudicados/as por la vulneración de su privacidad. Por otra parte, mientras las Fuerzas Armadas y Carabineros, en teoría, están presentes en todos los sectores en cuarentena, la realidad es que se visibilizan mucho más en poblaciones y en villas, particularmente aquellas con antecedentes de combatividad. Esta presencia aumentada de las llamadas fuerzas del orden es lo que da lugar a situaciones como la balacera en La Florida, en la cual dos oficiales de Carabineros dejaron a 10 manifestantes heridos/as, o el homicidio de un menor de 15 años en El Castillo, también producto de un disparo de Carabineros. De esta manera, la normalización de la presencia de Fuerzas Armadas en los sectores más pobres funciona también como control social de estos mismos.
Este conjunto de factores revela un panorama oscuro de vigilancia aumentada, desde el gobierno y el empresariado hacia los/as trabajadores/as y el pueblo en general, con los/as más vulnerables como blanco principal. Esto sería un problema grave aunque fuera de duración limitada, pero con la imposición discursiva de la “nueva normalidad” por parte del oficialismo, no tenemos garantías de una fecha término para la lenta erosión de nuestra privacidad y el rápido aumento del control social.
