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En Chile el hambre se reprime

Según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019” emanado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se indicó que durante el periodo correspondiente al 2018, las tasas de subalimentación en el territorio de América Latina y el Caribe alcanzaron un 6,5%, cifra que se traduce en un total de 42,5 millones de personas que no están recibiendo una alimentación suficiente para la buena salud. En países como Guatemala o Argentina ya se venía proyectando la problemática del hambre, en donde este último se ha visto fuertemente afectado debido a la crisis económica que enfrentan, la cual ha significado un encarecimiento de los alimentos y una significativa reducción de los sueldos de las y los trabajadores en cuestión.

El lunes pasado, decenas de pobladores de la comuna de El Bosque infringieron la cuarentena total de la Región Metropolitana para manifestar las precarias condiciones de sus vidas que han influido hasta en una de las necesidades más básicas de los seres vivos: comer. “No es contra la cuarentena, es contra el hambre” declaró uno de los vecinos del sector en una entrevista realizada por un canal de televisión abierta. Posterior a esta manifestación realizada durante la mañana,  muchos territorios continuaron con distintos tipos de protestas en solidaridad hacia quienes están sufriendo con más fuerza la crisis a causa de la desigualdad socioeconómica que ha prevalecido sistemáticamente en el Estado de Chile, pero con un mensaje desalentador e inédito desde el inicio de la revuelta popular, enfocado a la falta de alimentos que está viviendo la clase trabajadora por la desprotección a la cual se le ha relegado.

Las ollas comunes fueron, sin lugar a duda, uno de los más grandes símbolos de resistencia en el periodo de la dictadura cívico – militar materializada entre los años 1973 y 1990 en Chile. La falsa promesa del progreso instaurada con la implementación de la institucionalidad del sistema neoliberal, avanzó junto con el desplazamiento de la clase trabajadora a un plano de total desprotección de las vidas, la cual significó una enorme cifra de desempleo y capacidad adquisitiva de quienes la constituían. En este contexto es que el surgimiento de las organizaciones que trabajaran con masividad la construcción del poder popular, resultó indispensable para la supervivencia de los más precarizados. Exactamente esto es lo que forja el rol político de las ollas comunes en este periodo: la toma de conciencia de los sectores populares sobre su propia realidad mediante los espacios de ayuda colectiva que también dieron pie a la conformación de otras organizaciones que se constituyeron como frentes de masas para afrontar el régimen.

Posterior a las jornadas de movilizaciones que se estuvieron desplegando a lo largo del país a comienzos de semana, se difundió con mucho alcance la organización territorial en base a la autogestión de ollas comunes y acopio de alimentos tras vislumbrar la fase que se encuentran afrontando las y los pobladores. La respuesta represiva del gobierno hacia las legítimas demandas de este sector significó una querella en contra de 15 detenidos de El Bosque apelando a la Ley Anti barricadas y Anti saqueos, reglamento que fue duramente criticado tras haber sido apoyado por sectores que se hacen llamar de izquierda como lo fue el Frente Amplio.

Es indispensable recordar cuando en febrero de 2019, se vislumbró una de las ejemplares estrategias políticas de los gobiernas de derecha y ultra derecha, de la cual Sebastián Piñera no quedó exento y en conjunto con la organización de altos cargos estadounidenses y de otros gobiernos alineados a este, se concretó la llamada Ayuda humanitaria para Venezuela, en donde Chile comprometió un gasto de cerca de $100 millones de pesos en artículos de primera necesidad y de $40 millones para el envío de estos, mientras que en el territorio nacional hemos visto la desigualdad y falta de insumos básicos desde hace mucho tiempo antes del inicio de la revuelta popular. Así mismo, queda en evidencia que las prioridades del gobierno nunca han sido reconocer que dentro del territorio la pobreza es un problema que nos ha aquejado con total relevancia de manera histórica. Las burlas hacia esta realidad son evidentes bajo un sistema que perpetúa la dominación de la clase empresarial por sobre la clase trabajadora, así es como se manifestó cuando a fines de marzo pasado, cientos de familias denunciaban el contenido de las raciones de alimentación Junaeb tras recibirse totalmente distintas a lo prometido, incompletas y hasta en algunos casos con contenidos infectados por insectos.

Hace algunos días, se concretó una nueva cadena nacional en donde Sebastián Piñera manifestó cinco nuevas medias para afrontar la crisis, en donde una de ellas, consistía en la entrega de canastas familiares al 70% de la población, lo cual beneficiaría a la clase baja y media del país. El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, manifestó que:  “En la región Metropolitana vamos a distribuir 1.650.000 cajas de mercadería. Estamos llegando a prácticamente seis millones de personas, el 70% de las familias de la región Metropolitana, que lo están pasando mal, que han perdido el trabajo y que no pueden llevar estos enceres a sus casas”, información que se centra como la más amplia que hay hasta este momento. Los detalles expuestos de esta medida, se expresan en que cada familia recibirá una caja que contendrá 17 artículos de primera necesidad y que el reparto comenzaría este fin de semana en orden de prioridad económica. Sin embargo, el gobierno no se ha encargado de señalar la continuidad de esta medida en el tiempo, ni tampoco si existirá la mediación para las familias que se componen por una cantidad de miembros importante y si esta dará abasto frente a como lo haría con las familias conformadas por un número reducido de integrantes.

No es casual que los sectores de El Bosque y La Pintana hayan sido los impulsores de esta gran reivindicación, pues esta última se enmarca como la comuna con más hacinamiento de la Región Metropolitana según el informe del Ministerio de Vivienda del 2018, la cual se expresa con el doble del porcentaje a nivel nacional.

Las leyes protectoras de los grandes empresarios que han terminado deslegitimando las vidas de las y los trabajadores, la fragilidad del sistema neoliberal y su economía para solventar los perjuicios de la crisis humanitaria y los intereses de la clase dominante en su conjunto, se han convertido en cómplices de las precariedades del total de una población que se esmera por su sobrevivencia. La frase de la histórica Violeta Parra “El pobre pide pan, plomo le da la milicia”, ha sido una de las más compartidas durante esta semana tras reconocerse como trascendental pese a haber sido expuesta en el año 1967, pues hasta estos días la represión prevalece como la primacía del gobierno bajo un discurso engatusado por la supuesta comprensión hacia los más explotados de la clase.

La fuerza y la organización de los pobladores hoy se centra en la solidaridad y cooperación hacia los mismos, sin esperar las medidas que no llegarán por parte de un Estado que sólo se encarga de la invisibilización de aquellos. Los territorios se han manifestado más fuerte que nunca y se han constituido como los más significativos agentes de cambio de una sociedad basada en el individualismo, para encaminarla hacia un proceso de transformación en donde se constituya y fortalezca el poder popular.

Primera Linea

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