Compartir

Por Dani K Arroyo

El 22 de julio de 2019, tres años después del asesinato y tortura de Nicole Saavedra, las mujeres de Quillota llenaron las calles, marchando hasta la Fiscalía de la ciudad para exigir justicia frente al crimen de lesbicidio, en el contexto de una investigación que no se movía ni menos daba frutos. La acción culminó en una toma de la Fiscalía de Quillota, tras la cual fueron detenidas cinco activistas del movimiento “Justicia para Nicole”. Tres meses después de la jornada de acción, el sistema judicial detuvo a Víctor Alejandro Pulgar Vidal como único homicida en el caso de Nicole Saavedra. Hoy en día, mientras Víctor Pulgar se encuentra aún a la espera de un juicio, las cinco activistas detenidas por la toma de la Fiscalía siguen perseguidas por la justicia chilena, y se enfrentarán a una audiencia de preparación de juicio oral el 14 de enero del 2021.

Las cinco activistas, dentro de las cuales se encuentran María Bahamondes, prima de Nicole, y Karen Vergara, vocera de “Justicia para Nicole”, además de Jael Bósquez, Caterina Muñoz y Sandra Silva, arriesgan actualmente tres años de presidio menor en su grado medio por daños calificados (más una multa de 11 UTM, equivalente a al rededor de 560.000 pesos) y 300 días de reclusión menor en su grado mínimo por desórdenes públicos. En una entrevista con La Estrella de Quillota, María Bahamondes acusa que la demora en encontrar, detener y formalizar a Pulgar se debe a que Fiscalía “tenían voluntad de buscar al asesino de una mujer lesbiana. En realidad esto no es solamente porque ella era lesbiana, no les interesan los casos de mujeres asesinadas” y además sostiene que existe la sensación de que se les quiere “criminalizar por la búsqueda de justicia”.

Debido a la persecución a la cual se enfrentan Bahamondes, Vergara, Bósquez, Muñoz y Silva, el movimiento “Justicia para Nicole” se ha reunido tras la consigna “Exigir justicia no es delito, absolución para las cinco”, levantando una campaña para exigir la absolución de las cinco activistas, y más ampliamente el fin a la criminalización del activismo.