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Trabajo infantil

En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, conmemoramos una de las formas más invisibilizadas de la precarización de las vidas congruente con una no menor cantidad de pobladores que se desenvuelven diariamente en esta realidad.

Durante el periodo correspondiente al 2018, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social manifestó algunas cifras para dimensionar los alcances referidos a esta problemática, en donde en la primera se indica que en el territorio nacional existen cerca de 230.000 niños y niñas que responden al trabajo infantil diversificados en un rango etario de entre los 5 y los 17 años. Dentro de las implicancias que constriñe esta situación, refiere exactamente a los niveles de pobreza y vulneración de los derechos, los cuales obligan muchas veces a que la población infantil y adolescente se tenga que desenvolver en esta área dejando en un último plano la educación formal.

Importante es señalar que el mayor porcentaje de menores de 17 años que se encuentran en la necesidad de abandonar sus estudios para dedicarse a las labores remuneradas se visualiza en la zona sur del país (9,58%), aspecto que coincide inmediatamente con la centralización de oportunidades instalada por el más avanzado capitalismo. Sin embargo, aquel análisis no parece suficiente tras vislumbrar que el segundo lugar de mayor porcentaje con trabajo infantil lo comanda la Región Metropolitana (6,67%), seguido de la macrozona centro (5,77%) y la zona norte (5,15%) del país, en donde la totalidad de menores se sitúa dentro del 40% más vulnerable, motivo que concuerda -sin lugar a dudas- con la incapacidad del Estado por acabar con la creciente pobreza que mantiene a cientos de familias en condiciones precarias y de vulneración de derechos fundamentales desde la infancia.

La normativa vigente y que ha establecido el gobierno para asegurar la protección hacia los menores señala que se permite el trabajo para adolescentes de entre 15 y 17 años y que además fortalece las sanciones hacia los empleadores que tengan a menores de edad trabajando para sus servicios sin las medidas de seguridad correspondientes.

Pareciera que la conformidad de quienes asumen la construcción de la protección hacia la infancia duerme tranquilamente sobre una sábana de tilo pese a reconocerse diversas irregularidades dentro del sistema como lo ha sido con el caso del Sename, pues esa misma tranquilidad se refleja en las paupérrimas políticas que, a decir verdad, no se encargan de manera inmediata, perentoria y desde el origen aquellas problemáticas que surgen desde el nulo aseguramiento de un desarrollo responsable y colectivo de la infancia.

Chile es reconocido como uno de los países con mayor desigualdad económica en la región latinoamericana, realidad que queda evidenciada tras visualizar las diversas zonas residenciales que diversifican las brechas de clase que han favorecido la permanencia de sectores con altos ingresos monetarios por una parte y los sectores en donde la pobreza es reconocida gubernamentalmente en un espectro de 8,6% según la encuesta Casen del 2018. Estas características de una sociedad que se funda bajo un yugo de precarización de las vidas, no es reconocido dentro de las políticas para frenar las cifras de trabajo infantil, pues los artificios que se establecen para su protección en realidad debiesen percibirse como extras a un plan estratégico que brinde y asegure las necesidades básicas a la población de forma descentralizada y que no se limite netamente a aumentar multas para los empleadores de niñas y niños que trabajan por necesidad.

Ahora, ¿cuáles son las implicancias simbólicas que se perciben desde las normativas gubernamentales que prometen acabar con el laboralismo de niñas y niños? Cuando logramos evidenciar que estas normativas deciden castigar con grandes multas y dejar a aquel menor sin posibilidad de trabajar anulando también el favorecimiento de alguna manera la superación de la pobreza de la familia que se construye a su alrededor, visualizamos con total vehemencia la violencia simbólica a la cual se convoca, puesto a que la culpa se traslada inmediatamente hacia los cuidadores del niño o niña por permitir que a este no se le brinde un desarrollo responsable de su infancia, sin embargo, esto no es más que una visión reduccionista que se difunde mediante la violencia simbólica instalada en estas soluciones gubernamentales, pues perpetúa las aristas de lo privado por sobre lo colectivo.

En la misma línea, durante el 2018 Sebastián Piñera anunció el inicio del “Proyecto de Empleabilidad de las Familias de niños trabajadores”, el cual prometía realizar capacitaciones de diversos oficios a los adultos de las familias que lo necesitaran. Pese a esto, en este mismo anuncio proclamado bajo la conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil, se dio a conocer que en el trascurso del proyecto piloto establecido en el año 2017, sólo se logró que 15 adultos hayan logrado obtener un contrato de trabajo de los 60 con los cuales se estaba trabajando.

La desprotección hacia la dignidad de las vidas es un asunto que queda pendiente a lo largo de las implicancias que construyen los gobiernos pertenecientes a la senda de la perpetuación de un sistema que necesita de la explotación para subsistir. La erradicación del modelo que legitima prácticas que atentan contra la superación de la pobreza y que favorece la propaganda hacia las responsabilidades particulares nunca será eficaz para acabar con la explotación de niñas y niños al no entablarse como una solución desde el origen más complejo de la problemática, este ligado a la pobreza y falta de educación integral en la población.