Compartir
Juez DINA

Por Camilo Godoy Pichón

“Absolutamente conforme”, declaraba sentirse el juez Juan Cristóbal Mera cuando a comienzos del 2013 sobreseyera definitivamente el mediático caso del accidente aéreo que afectó a la tripulación del CASA 212, en Juan Fernández. El fallo concluía en un veredicto que no dejó conforme a los familiares de las víctimas y en el que se negó a procesar a generales de la FACH. Poniéndose, en cambio, toda la fuerza jurídica y punitiva sobre los pilotos del avión y culpando a las difíciles condiciones climáticas que estos encontraron. Dos años antes, Mera, quien fuera designado por la Corte Marcial para la investigación decretaba finalizar la búsqueda de los restos de los cuerpos, pese a que aún se encontraban desaparecidos los restos de seis de los fallecidos en el accidente y con el pesar de las familias y la molestia de sus abogados.

Este acontecimiento –sintomático de la búsqueda de  impunidad hacia la jerarquía militar- es uno de los múltiples episodios jurídicos protagonizados por el Juez Mera, quien recientemente presidiera, en la Octava Sala Penal de la Corte de Apelaciones  de Santiago el indulto y la rebaja de condenas a 17 ex agentes de la DINA procesados por la desaparición de 17 militantes comunistas durante la dictadura. Mera encabezó el fallo, junto a la jueza Mireya López y el abogado Cristian Lepin, causando la indignación de las familias de las víctimas, quienes aludieron a la impunidad y al incumplimiento de los tratados internacionales suscritos en la materia, a saber: Convenios de Ginebra, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma.

Sobre estos asuntos, el cumplimiento de condenas para criminales de lesa humanidad actúa bajo el criterio jurídico de no-repetición, es decir, entendiéndose el castigo como ejemplificador y el acto cometido como algo repudiable y por ello no repetible por parte de toda la sociedad. Esto no se cumple con el beneficio hacia ex agentes del terrorismo de Estado, en tanto que su acción se ve tácita o explícitamente recompensada y no disuadida por las instancias judiciales.

Pero esta no es la única incursión del juez Mera sobre fallos cuestionables en materia de Derechos Humanos. Este se ha encontrado vinculado a un conjunto de causas durante los últimos años, generando un actuar jurídico caracterizado por la protección de grupos pertenecientes a la jerarquía de las FFAA durante la actualidad (como en el caso Juan Fernández) o en dictadura (como con los ex funcionarios de la DINA defendidos, dentro de los cuales se encuentra Pedro Espinoza, el segundo a cargo de la institución represiva tras Manuel Contreras). En esta misma línea penal, Mera falló en 2009 a favor de la absolución del cabo primero del GOPE Miguel Jara Muñoz, responsable directo de la muerte del joven mapuche Jaime Mendoza Collío. En ese momento, se preguntaban en el fallo Mera, junto a los jueces Joaquín Billbard, Felipe Cunich, Juan Hargous y Juan Carlos Gutiérrez “¿Qué otra defensa cabía a un carabinero que, solo como estaba, se ve atacado por un grupo indeterminado de personas que le lanzan piedras y le disparan con escopeta en dos oportunidades?”,  tal como recopilara el escritor Pedro Cayuqueo . Esta pregunta venía a servir como puntal de la revocación de la sentencia inicial dictada por el Tribunal Militar de Valdivia, que en base a las gestiones del Fiscal Militar Rodrigo Vera Lama y los peritajes correspondientes dictaminaba la responsabilidad penal exclusiva de Jara Muñoz, promoviendo una condena ejemplificadora de 15 años, que el Tribunal finalmente redujo a cinco años y un día. Los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI de La Serena eran incuestionables y daban cuenta de que los perdigones encontrados en el casco y chaleco antibalas de Jara Muñoz se habían disparado posteriormente al homicidio de Mendoza Collío. No hubo enfrentamiento. Aun así, Jara Muñoz quedó en libertad producto del fallo del juez Mera y con la complicidad hacia la tesis del enfrentamiento por parte de la propia Presidenta Bachelet.

Años después (2015), Mera absolvería a Alejandro Sáez Mardones y Miguel Muñoz Uribe, imputados y procesados por el caso Degollados, dejándolos en libertad condicional y permitiendo, una vez más la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado , con la desavenencia de las familias de las víctimas. En este sentido, Javiera Parada, hija de José Miguel Parada, uno de los degollados por la dictadura comentaba entonces, tras el fallo:

“El reglamento que regula los beneficios penitenciarios exige ciertas condiciones, una de ellas es el tema del arrepentimiento. Hay informes sicológicos que dicen que estas personas no han mostrado arrepentimiento. La gravedad que revierten estos crímenes que son contra la sociedad chilena en su conjunto, debe ser estudiados por las cortes con mayor atención”.

Sobre lo anterior, un dato interesante: los fallos del juez Mera no aluden a Tratados Internacionales ni a las Convenciones suscritas por nuestro país, que sancionan la tortura, las desapariciones y el terrorismo de Estado, sino que suele acudir únicamente a dos fuentes  jurídicas: los dictámenes y fallos de las respectivas Cortes Marciales y Tribunales Militares –él mismo fue designado para el caso Juan Fernández e hizo clases en la Escuela de Carabineros – y el Código Penal. Por ello, las decisiones de Mera parecen ocurrir dentro de un manto jurídico abstracto, descontextualizado y soslayando cualquier alusión al derecho internacional. En sus juicios se suelen tergiversar los hechos en favor de las FFAA –presentando a este grupo como víctima-, los evasores fiscales (fue el único ministro designado que se opuso a la sanción penal a los autores del escándalo de Chiledeportes , la homofobia (el año 2013 fue declarado como una de las personalidades homofóbicas y transfóbicas por el MOVILH y el beneplácito a los sectores conservadores.

En términos de la defensa del accionar de Carabineros, Mera también ha protagonizado fallos recientes, como la inhabilitación del juez Urrutia, quien dejara libres a miembros de la Primera Línea, la defensa del uso de balines por las fuerzas policiales, el copamiento de Plaza Dignidad durante el año nuevo pasado y la liberación de siete involucrados en el caso Pacogate.

Además de todo lo anterior, Mera había sido sancionado con una anotación de demérito por parte de la Corte Suprema el año 2014 por obstruir el acceso a la información solicitada por el Diario La Segunda, en relación a las cuentas públicas de la Fiscalía Nacional entre 2005 y 2011, a pesar del fallo del Tribunal Constitucional a favor de este. La Corte Suprema dictaminó que Mera había incumplido la orden y obstruido la transparencia.

Todos los antecedentes expuestos dan cuenta de un desempeño cuestionable del derecho, caracterizado por el encubrimiento de responsabilidades penales corroboradas de uniformados, falseamiento de testimonios, otorgamiento de beneficios a criminales de lesa humanidad, así como fallas a la transparencia. La plena vigencia de los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país deben alarmar sobre la idoneidad e imparcialidad del Juez Mera como parte de los casos que se le otorgan y como sujeto capaz de impartir la justicia de manera intachable y ecuánime, respecto de los grupos de interés. Y de la necesidad de garantizar la justicia a las víctimas y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, como un único e ineludible modo de reparación respecto del terrorismo de Estado.

Revisa el fallo completo aquí: