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Por: Joaquín Hernández A.
Magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile

El segundo gobierno de Bachelet esta terminando, y muy lejos del “nuevo trato” prometido al principio de éste, se ha mantenido y profundizado el tradicional trato que la Concertación/Nueva Mayoría ha utilizado para acallar las demandas del pueblo mapuche: la represión.
Es de este modo, que el sábado 23 de septiembre, emulando a los peores tiempos del gobierno de Ricardo Lagos, lanzó la “Operación Huracán”, en donde de manera sumaria, y con la ayuda de la dirección de inteligencia de Carabineros, detuvieron a 8 dirigentes mapuche bajo la excusa de la supuesta participación en las quemas de camiones realizadas en los meses precedentes en Araucanía y Los Ríos. Pocas dudas quedan en el carácter tanto contrainsurgente como mediático de la decisión de estas detenciones, las cuales tienen como objeto complacer y tranquilizar a quienes detentan el poder económico en dichas localidades: las forestales (Matte y Angelini, la Multigremial y los dueños de camiones, estos últimos que negociaron en términos favorables con el gobierno, y donde jamás se publicitaron los términos de dicha negociación.
Es así como históricos dirigentes de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco), como Héctor Llaitul (y quien ya fuera víctima de las políticas represivas en la Operación Paciencia (2000-2006), pero también dirigentes de comunidades que han sostenido importantes reinvindicaciones territoriales, también han sido detenidos. Incluso se ha detenido una autoridad espiritual, como es el caso del machi Fidel Tranamil. Se trata por ello tanto de un gesto de favor a las forestales, empresarios y camioneros del lugar, como asimismo un claro gesto de desestructurar comunidades y organizaciones que reivindican la autonomía del pueblo mapuche, y que luchan por la recuperación de sus territorios ancestrales.
Para muchos es difícil entender la decisión del gobierno, y en especial del Ministerio del Interior, quien digitó esta operación, en medio del contexto de una huelga de hambre de casi 110 días de los detenidos del Caso Iglesias, quienes llevan 3 años en prisión preventiva, sin que aun ni siquiera se les declare culpables. Y muy lejos de ceder en una demanda del todo humanitaria, que es el derecho a la presunción de inocencia y por lo tanto la liberación hasta que los tribunales indiquen lo contrario, el gobierno ha decidido aumentar la ya abultada cantidad de Prisioneros Políticos Mapuche.


Todo este operativo, tanto desde su concepción, su argumento de “descabezar” a las “organizaciones revolucionarias” mapuche, la participación de las inteligencias de Carabineros y la PDI, nos recuerda la escabrosa “Operación Paciencia” del gobierno de Ricardo Lagos, en donde el Estado arremetió con particular fuerza para descabezar, atomizar y destruir a la Coordinadora Arauco-Malleco. Para ello se tomaron a una enorme cantidad de comuneros detenidos, a los cuales se le acusó de la particpación de una serie de acciones, además de ser dirigentes de la CAM. En muchos casos, las acusaciones terminaron siendo descartadas, pero luego de larguísimas estadías en prisión preventiva. Desde ese momento en adelante, ha sido una práctica sistemática del Estado de Chile (muy a la manera que Israel hace con los activistas palestinos) de detener y someter a largos procesos a comuneros mapuche, con la finalidad de reterlos de forma prolongada en prisión preventiva, desvinculándolos de sus comunidades, e inhibiéndolos de su práctica activista y reivindicativa.
Hoy, todo parece indicar que la “Operación Huracán” tome un derrotero prácticamente idéntico, esto es:

  1. Una profunda mediatización del caso. En donde medios hegemónicos como El Mercurio, TVN, Mega, entre otros, cumplirán el rol de generar un ambiente propicio a la detención de los comuneros, generando la impresión de su culpabilidad previa al juicio.
  2. El levantamiento de un discurso del “desbaratamiento” de orgánicas revolucionarias para justificar más actuar represivo en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, incluyendo el aumento de personal y armamento de Fuerzas Especiales y Gope. También, el mismo argumento de “organizaciones bien estructuradas” permitirá el aumento del gasto policial para escoltar faenas y logística forestal en el Wallmapu.
  3. Un juicio prolongado, que impida a los comuneros recuperar su libertad. Los detenidos serán siempre considerados como presos comunes, no siendo reconocidos como presos políticos, a lo que mediará -como ha ocurrido antes- el hostigamiento, la pérdida de derechos y beneficios, además del traslado constante de un penal a otro. La finalidad de esto es tanto impedir cualquier actuar político por parte de los detenidos, como asimismo generar temor en las comunidades de la posible existencia de otro operativo de similares características.

En definitiva, se trata de un intento de inhibir al movimiento mapuche en la lucha por sus demandas, mediante acciones y actuares propios de un Estado Contrainsurgente (lo que es indudablemente un hecho en el Wallmapu), y que complementa a un actuar represivo y policial no selectivo, de hostigamiento constante a las comunidades que llevan a cabo procesos de recuperación territorial, con el uso de equipamiento, armamento y munición militar en dichos operativos. No cabe duda en la determinación del Estado de Chile, y en especial de los últimos gobiernos, de acabar con el movimiento reivindicativo territorial y de autodeterminación mapuche, obrando siempre a favor del capital forestal y latifundista que existe en el Wallmapu. Queda claro además, que la política respecto las demandas del pueblo mapuche no han variado en un ápice en estos últimos 20 años, siendo el Estado de Chile el garante del capital colonizador en el Wallmapu, financiando a las forestales por un lado mediante el subsidio que entrega el Decreto 701, y por otro reprimiendo y persiguiendo cualquier lucha territorial en el Wallmapu.

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