Compartir
100 días

Por Dani K. Arroyo

Hace 100 días, el 18 de marzo de este año, el Presidente Piñera decretó un estado de excepción constitucional de catástrofe que comenzaría a la medianoche del día siguiente. Esta designación de excepción constitucional fue – nominalmente, por lo menos – una respuesta a la creciente preocupación con el virus COVID-19, cuyo primer caso fue detectado el 2 de marzo. Se decretó toque de queda y otras restricciones a la libertad de movilidad (cuarentenas por zona), y se movilizaron las fuerzas armadas para asegurar el cumplimiento de las nuevas normas. Para un Chile movilizado desde octubre del año anterior, este nuevo escenario fue un giro abrupto. De una Plaza de la Dignidad repleta todos los viernes, pasamos a la cuarentena absoluta en Santiago centro, que permitió que el mandatario hasta se sacara fotos con la estatua del General Baquedano, punto focal de las manifestaciones. Estos cien días de excepción constitucional se han caracterizado por la inacción del gobierno en medidas sanitarias, la obstrucción de iniciativas solidarias, y, sobre todo, la expansión del aparato represivo estatal.

Una vez instalado este orden pandémico, la primera movida del gobierno no fue una cuarentena generalizada, como muchos esperaban o hasta deseaban, sino que más bien se decidió desde un principio apelar a la responsabilidad personal. Quedate en casa, decía la propaganda oficial, sin ofrecer soluciones para que las personas se pudieran quedar efectivamente en sus hogares. No fue hasta que los y las alcaldes, en particular de Santiago, comenzaron a presionar al gobierno con sus propias medidas de cuarentena que el gobierno nacional cedió unos centímetros y decretó cuarentenas parciales en algunas zonas mayormente afectadas. Las Condes, Vitacura, Providencia, Santiago centro y Ñuñoa fueron de las primera comunas en caer en cuarentena a fines de marzo. Se apreció claramente desde un principio una diferencia de clase entre quienes caían bajo cuarentena y quienes no, entre quienes se podían resguardar y quienes tenían que trabajar. Mientras los casos de COVID-19 en las comunas más populares del país aumentaban, el ex-Ministro de Salud Jaime Mañalich, el Presidente Piñera y los grandes empresarios comenzaron a instalar el discurso de la “nueva normalidad”. “No podemos seguir parando la economía y debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente,” dijo el Director de Inversiones de Larraín Vial, reflejando certeramente en sus palabras la actitud ya expresada por las políticas del gobierno. Simultáneamente, se exigía que los trabajadores y trabajadoras se presentaran a sus puestos, pero también se les responsabilizaba por estar saliendo de la casa.

Solo después de semanas de presión, en gran parte de los y las alcaldes, y de un crecimiento considerable en los contagios y muertos por COVID-19, el gobierno decidió tomar las medidas sanitarias más mínimas y decretar cuarentena total en el gran Santiago, algunas otras comunas de la Región Metropolitana, y comunas del norte como Iquique y Alto Hospicio con alta incidencia del virus. Sin embargo, aunque el gobierno se tomó su buen tiempo en decretar esta medida, la implementación de esta dejó a una gran cantidad de personas en la desprotección absoluta. Así, se desencadenaron las manifestaciones por hambre en El Bosque, La Granja y La Pintana a fines del mes de mayo. Frente a estas movilizaciones, y a la evidencia que mostraba que la movilidad en la Región Metropolitana disminuyó solo de un 30% frente a la nueva cuarentena, ya que la gran mayoría de los chilenos y chilenas debían seguir trabajando para poder sobrevivir, el ex-Ministro Mañalich se mostró sorprendido por la realidad del pueblo chileno. “No sabía que había tanta pobreza y hacinamiento,” comentó el día 28 de mayo. Así, la cuarentena general demostró nuevamente la desconexión total del gobierno con la realidad de la mayoría del pueblo chileno, revelando que los intereses a los cuales sirve el estado no son los del pueblo – ni siquiera los conoce.

La implementación de medidas sanitarias como la cuarentena ha sido lenta, pero nada se compara a la lentitud de las medidas solidarias que aliviarían las dificultades de la clase trabajadora en este momento. Los pocos y pequeños bonos que han habido para los sectores más vulnerables son difíciles de conseguir. La supuesta “Ley de Protección del Empleo” resguarda los intereses del empresariado, permitiendo retener a empleados sin pagarles un sueldo y colgándose de los seguros de cesantía de los mismos trabajadores y trabajadoras. Las cajas de alimentos solo fueron implementadas luego de las protestas en la periferia santiaguina, y aún así su calidad es dudosa y su distribución es lenta y desigual. Ni hablar del proyecto de postnatal de emergencia, que buscaba extender el periodo de postnatal de nuevas madres en este contexto tan poco apto para la crianza, y que no se aprobó. Si el gobierno se ha mostrado reticente a proteger la salud del pueblo durante estos 100 días, más aún se ha negado a permitir la dignidad.

Marcado es el contraste entre la lentitud de la implementación de medidas sanitarias y de ayuda, y la rapidez de implementación de nuevas medidas represivas. Claramente, el despliegue militar fue la primera prioridad del gobierno. A esto le siguió la implementación de un toque de queda en todo el territorio nacional, cuya supuesta utilidad sanitaria no ha sido reconocida por ninguna autoridad sanitaria. Es más, los primeros días del toque de queda, se observó aún más hacinamiento en el transporte público que lo normal en la capital. Luego de la implementación de este toque de queda rápidamente se pusieron en marcha más procesos punitivos, como millonarias multas por romper la cuarentena o por andar en transporte público o lugares cerrados sin mascarilla. Más recientemente, se aprobó un proyecto que alza las penas por incumplimiento de la cuarentena total hasta cinco años en la cárcel. Y por supuesto, este aparato represivo y punitivo se torna principalmente contra la clase trabajadora organizada. En las últimas semanas, han abundado videos de carabineros botando ollas comunes y deteniendo o multando a quienes las organizan. Y la guinda en la torta es el nuevo instructivo que busca controlar las ollas comunes. “Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia” es el orden del día.

Después de 100 días de Estado de Catástrofe, con 259.064 casos de COVID-19 y casi 8.000 fallecidos, Chile se encuentra dentro de los países con más muertos y contagios por millón en el mundo. La estrategia del gobierno, que ha buscado priorizar las necesidades de la clase dominante que necesita su mano de obra trabajando, y simultáneamente ha tomado esta oportunidad para expandir el aparato represivo del estado y continuar criminalizando la pobreza, ha demostrado definitivamente que nunca hubo la intención de coartar la pandemia, solo de administrar la muerte de la forma más rentable posible para el empresariado.

Primera Linea

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here