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quema de libros militares

Por Macarena Cárdenas

En el año 1949, La declaración Universal de los Derechos Humanos estableció la educación como un derecho básico y fundamental de todo sujeto. Sin embargo, sabemos que hasta en tiempos remotos es evidente como los factores socioeconómicos de cada particularidad son decisivos a la hora de ser integrado a los procesos educativos de manera transversal. La educación formal, impartida en las escuelas o centros educacionales, es y ha sido la encargada de formar la identidad de los sujetos. Es aquí donde las niñas y los niños interiorizan las conductas y los valores fomentados por el sistema imperante. El sistema educativo es un espacio dentro del cual se reproducen las relaciones sociales, influyendo en la adquisición de conocimientos, en la construcción de identidades y en las aspiraciones futuras de los y las estudiantes.

Recién hacia el año 1920 se promulgó la primera ley que establecía la obligatoriedad de la asistencia a los centros educacionales, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que brindó una herramienta para acrecentar los niveles de educación de una población que se caracterizaba por solventarse a través del trabajo campesino, bajo la característica de ser pública y gratuita.

Durante los años posteriores, se implementaron algunas reformas hacia el sistema educativo (como lo fue el aumento de años de escolaridad primaria), pero no fue hasta 1970, en el periodo del gobierno de la UP, en donde se entabló diálogos a cerca de la importancia de la educación superior

La Escuela Nacional Unificada (ENU) fue un proyecto inédito en la historia de la educación chilena, pues este buscaba reinventar la visión que se tenía hasta ese momento de la importancia del conocimiento y llevarlo a la universalidad como primera necesidad para la construcción de una sociedad mejor. Dentro las implicancias del proyecto impulsado por el gobierno de Salvador Allende, se reflejó la necesidad de una educación democrática, pluralista, transformadora y adaptable a las necesidades de la población que se debía entablar como permanente y en la en la cual, además, debían involucrarse todos los actores de los procesos de aprendizaje: profesores, estudiantes, asistentes y trabajadores de la educación, apoderados y organizaciones sociales bajo el precepto de que el conocimiento se construye también desde la interacción misma.

Las opiniones de este proyecto eran sumamente polarizadas, y como era de esperar, los sectores del poderío pertenecientes a la derecha de ese entonces, tomaron una postura frentista y radical hacia aquella propuesta, calificándola como un intento de ideologización y adoctrinamiento de las ideas socialistas, lo que finalizó postergando su discusión previo al golpe de estado del 1973.

Cuando hablamos sobre la privatización del conocimiento en la escena chilena, resulta importantísimo reconocer la educación como sistema social de cada territorio. La clase socializa, es decir, educa técnica y anímicamente para el desarrollo de las responsabilidades de la vida adulta y despliega su aprendizaje en la entrega de valores, en la conformación de una identidad y en el desempeño de una función y desarrollo en la sociedad. Con lo anterior, cabe destacar entonces el valor de la experiencia y las relaciones sociales no formales en una sociedad, y es exactamente eso en lo que el régimen dictatorial necesitó hacer énfasis para la consolidación de su proyecto neoliberal.

A comienzos del 70, los trabajadores de la reconocida editorial Zig- Zag, acordaron una paralización de sus actividades con el fin de que aquella empresa se integrara a las pertenencias el Estado. Así fue entonces como al año siguiente se conformó la editorial Quimantú. La consolidación de este suceso era fundamental para el proyecto enmarcado en la socialización del conocimiento, pues al trasladar la empresa desde un ente privado a uno estatal, se lograba abaratar considerablemente los costos de producción y el tiraje de los libros, lo cual significaba una venta a precio justo y una iniciativa necesaria para materializar la concepción de que el libro resulta un elemento emancipador y ancilar para la transformación de una sociedad que fue históricamente privada de ello.

La instauración de un nuevo orden hegemónico necesitó, como todo proceso revolucionario visualizado hasta nuestros días, un órgano armado para establecer su poderío bajo las ordenanzas de un nuevo sistema socioeconómico de corte neoliberal. Sin embargo, es impensable que el poder de la fuerza pueda ser suficiente para que este orden perdure en el tiempo luego de haber superado un régimen antidemocrático sin que haya existido un proceso educativo que haya trabajado en esta normalización. Desde aquí es que nace la potente figura de la quema de libros, la persecución de artistas alejados de la cultura pop, la televisión basura y la cultura under ground.

Cuando hablamos sobre las conocidas imágenes de la quema de libros durante el periodo de la dictatura cívico – militar los comentarios generalmente abundan a cerca de la materialidad que este contiene tras reconocer su significante como un elemento utilitario de conocimiento, pero poco se habla a cerca del aspecto simbólico que esta imagen entabla, imagen que se vincula al inicio de un proceso que buscaba dejar en olvido la posibilidad de visualizar el conocimiento como un elemento fundante de toda nueva sociedad encaminada hacia mejores condiciones de vida para finalmente lograr un cambio de conciencias que no necesiten de un dictador para que las ideas del libre mercado se mantengan. De esta misma forma es como se visualiza el llamado “apagón cultural”.

En 1970 se derogó el artículo del reglamento anexo a la ley de televisión que impedía interrumpir los programas con comerciales. Este fue el primer suceso que incidió en la instrumentalización de la televisión para su construcción en Chile hacia un elemento de control de masas. La masificación de la TV aumentaba y junto con ello la aparición de reconocidos personajes de la cultura pop y el aumento de programas de concursos, que, según un artículo de la revista “Hoy” de noviembre de 1980, concluía que la mitad de los programas producidos en el territorio nacional se enmarcaban en aquella sección.

De igual forma se manifestaba la censura hacia las bandas, cine y otros tipos de expresión que posteriormente se vieron en la necesidad de crear espacios ocultos, o más comúnmente llamados, under ground para tener la oportunidad de mostrar su material a un público interesado por los sucesos que estaban aconteciendo en aquel periodo.

A la suma de todos estos elementos se le agregó un importante cambio en el financiamiento de los centros de educación primaria y secundaria, pues en el año 1981 entró en vigencia la Ley de Subvenciones la cual se encargó de desligar al Estado de sostener a los liceos y colegios, trasladando esta responsabilidad a las correspondientes municipalidades pese a la desigualdad de ingresos que existen entre cada una de ellas y considerando además la asistencia diaria de estudiantes a los establecimientos para su subvención. Por otra parte, en la década de los 90 fueron creados los colegios particulares/subvencionados que hasta el día de hoy se caracterizan por ser la competencia de la educación pública y hasta hace muy poco tiempo – antes de aprobarse la Ley de Inclusión – estaban facultados para seleccionar a los estudiantes según el prototipo que la escuela quisiera conformar.

En el mismo año, se promulga la Ley General de Universidades que permitió la creación de recintos de educación superior privados (universitarios y técnicos) y se promulga el inicio a las competencias de establecimientos con la incorporación de ingresos extra – a través de aportes fiscales – hacia quienes logran centralizar la mayor cantidad de matriculados con mayores puntajes de ingreso.

El negocio de la educación chilena instaurado más firmemente durante el periodo dictatorial no fue casual ni inesperado tras vislumbrarse como el principal pilar que necesitó el actual modelo socio económico para sostener sus cabales. Los gobiernos posteriores al término del régimen también fueron cómplices de este proceso al materializar nuevos mandamientos que ayudaron a fortalecer la primacía del sector privado con una serie de medidas como la Ley General de Educación que sigue vigente hasta nuestros días.

Las consecuencias obtenidas de la violencia física, simbólica, psicológica y económica instaurada en nuestro territorio a través de procesos históricos – tan característicos de Latinoamérica – fueron necesarios para establecer un sistema de orden que mantenga a la sociedad inactiva en su condición de sujetos de derecho. El rol socializador del conocimiento debe fundarse tanto en la educación formal como en la informal, es por eso que los procesos históricos son tan significativos en nuestra construcción identitaria y que, instancias como las generadas durante y en el desarrollo de la revuelta popular, también deben visualizarse como herramientas de formación colectiva. La educación debe guiarse aseguradamente hacia un proceso que procure superar la deshumanización y la imposición de roles hegemónicos, a través de la otorgación de un papel protagónico a la socialización del conocimiento desde la formación de una identidad crítica e imaginativa de los sujetos hasta la creación de un sistema educativo adaptado a las necesidades de cada contexto, pues sólo esto aportaría a la enseñanza colaborativa que creemos necesaria expandir en la sociedad.

Primera Linea

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