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Por: Carolina Álvarez, Instituto de Estudios Críticos – Chile[i]

Pese a las legislaciones que penalizan el aborto inducido en gran parte de América Latina y el Caribe, esta práctica muestra una tendencia en aumento. La penalización del aborto vulnera derechos de mujeres y adolescentes e impacta en la capacidad del Estado de formular políticas públicas que estén a la altura de las circunstancias urgentes de la región.

En América Latina y el Caribe, las legislaciones que regulan la práctica de abortos inducidos pueden agruparse en tres tipos: aquellos países en que la prohibición es absoluta (Nicaragua, El Salvador, Honduras, Surinam y Haití), aquellos donde es aceptado por causales específicas (Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana, Guatemala, Paraguay, Colombia, Venezuela, México y Jamaica) y aquellos países que han despenalizado por completo el aborto (Cuba, Uruguay, Guyana, Puerto Rico y México DF). Esto implica que el 97% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva viven en países que penalizan el aborto (Instituto Guttmacher, 2018).

A pesar de las penalizaciones, se estima que para el periodo 2010-2014, ocurrieron en la región 6.5 millones de abortos inducidos lo que significó un aumento con respecto al periodo 1990-1995 donde se realizaron 4.4 millones. Esta cifra convierte a América Latina y el Caribe en la región con mayores casos de abortos inducidos del mundo (Instituto Guttmacher, 2018).

Las altas tasas de abortos en la región se encuentran directamente relacionadas con la imposibilidad de mujeres y adolescentes de acceder a métodos anticonceptivos y/o a la falta de políticas permanentes de educación sexual y reproductiva.

Se estima que en el año 2017, más de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe tuvieron una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna (Instituto Guttmacher, 2018). Las principales dificultades son de carácter económico y de acceso a los servicios de salud. Asimismo, los preceptos religiosos, la falta de educación sexual y reproductiva y la violencia de género afectan profundamente el derecho a la capacidad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo y su maternidad.

Estas dificultades se reflejan en el alto número de embarazos no planificados en la región. En mujeres de 15 a 44 años la tasa de embarazo no planificado es de 96 por 1.000 mujeres, la más alta del mundo (Instituto Guttmacher, 2018). Cifras que son igualmente significativas si nos referimos al embarazo adolescente, donde la tasa corresponde a 66.5 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, la segunda más alta del mundo. (Organización Panamericana de la Salud, 2015).

Entonces, si a partir de una legislación restrictiva no se han logrado reducir los abortos inducidos ¿cuáles han sido las principales consecuencias de estas legislaciones?

La principal consecuencia es la expulsión de mujeres y adolescentes al circuito de aborto clandestino, poniendo en riesgo su salud y la vida. En los países de la región donde se penaliza el aborto, 3 de cada 4 abortos fueron realizados bajo condiciones inseguras, es decir, practicados por personal no capacitado o sin responder al protocolo de seguridad médica (Organización Mundial de la salud, 2017).

La capacidad de las mujeres de acceder a la práctica de abortos en condiciones seguras para su vida depende entonces de su poder adquisitivo, la cercanía a centros urbanos, el acceso a redes de acompañamiento y asesoría para mujeres en estas circunstancias.

Según el Instituto Guttmacher (2018), los abortos no seguros significan, en la región –de acuerdo a estimaciones para el 2014–, el 10% de las causas de mortalidad materna. Las prácticas no seguras afectan también la atención médica de aquellas que sobreviven. Se vulnera de esta manera el derecho de mujeres y adolescentes al acceso a una atención médica oportuna y coloca a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Asimismo, las consecuencias de la persecución e invisibilización de estas prácticas afectan la propia capacidad del Estado de llevar registros que permitan observar cuál es la incidencia en la salud de la población e impiden la formulación y evaluación de políticas públicas.

Si bien en la mayoría de los países de la región se registran los fallecimientos por abortos en diferentes especificidades, es común el subregistro de estos datos debido a la clandestinidad que el hecho implica. Se ocultan y disimulan las causales de fallecimiento como forma de evitar problemas legales tanto para la víctima como para el personal médico. Aún peor es el caso del subregistro de aquellos abortos donde las mujeres sufren consecuencias para su salud, a partir de ocultar el aborto inducido como causa primaria de morbilidad.

Con base en lo dicho nos preguntamos: ¿Cuáles son los beneficios de la legislación restrictiva sobre abortos inducidos que prima en la región y que lleva a la clandestinidad a miles de mujeres y adolescentes? No encontramos ninguno. La vulneración de derechos de mujeres y adolescentes no constituye en ninguna medida una herramienta para solucionar la situación de salud de la región. Invisibilizar los abortos inducidos y las consecuencias que acarrea la clandestinidad solo favorece la profundización del problema y, en el mejor de los casos, lo mantiene sin cambios.

Educación sexual para decidir,

Anticonceptivos para no abortar,

Aborto legal para no morir.

Referencias:

Instituto Guttmacher. (2018). “Aborto inducido a nivel mundial”. Extraído de: https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-inducido-nivel-mundial

Instituto Guttmacher. (2018). “Aborto en América Latina y el Caribe”. Extraído de: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fs-aww-lac-es.pdf

Organización Mundial de la Salud (2017). Comunicado de prensa conjunto de la OMS y el Instituto Guttmacher. Extraído de: http://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year

Organización Panamericana de la Salud (2018). “América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo”. Extraído de: https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=996:america-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-mas-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mundo&Itemid=1005

[i] Licenciada en Sociología, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina). Especialista en Gestión en Salud Pública, Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, Macaray (República Bolivariana de Venezuela). Investigadora del Instituto de Estudios Críticos, Santiago de Chile (Chile). Correo electrónico: carolina.alvarez@institutoestudioscriticos.org

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