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Comité Editorial

Primera Línea

Miércoles 13 de junio 2018

 

Con gran amargura e impotencia observamos este lunes 11 de junio la condena impuesta sobre tres comuneros mapuche, declarados culpables del delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, “en carácter terrorista” -según reza la sentencia-, hecho ocurrido en enero de 2013 en la Región de La Araucanía. Los peñi José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel han sido condenados a presidio perpetuo, en uno de los golpes más duros que haya propinado el aparato represivo chileno al Movimiento Mapuche, mientras que José Peralino Huinca recibió la condena de cinco años de presidio.

Vale mencionar que el día 5 de mayo del presente los tres comuneros habían sido declarados culpables por unanimidad, en tanto que ocho fueron absueltos: la machi Francisca Linconao, José Córdova, Sergio Catrilef, Aurelio Parra, Eliseo Catrilaf, Hernán Catrilaf, Sabino Catrilaf y Juan Tralcal, hermano de los dos imputados.

Es indispensable recordar, asimismo, que la misma sede judicial había resuelto la absolución de las y los 11 imputados en octubre del año pasado, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco anuló ese juicio en diciembre, reanudándose un nuevo proceso. Es decir, los 11 acusados y acusadas ya habían sido declaradas inocentes por tribunales de justicia, sin embargo, la presión en las altas esferas del Estado, de partidos políticos de este gobierno y del anterior, de agrupaciones de terratenientes, camioneros y transportistas, propietarios del rubro agrario, poderosos sectores eclesiásticos y en fin, de un conjunto de grupos sociales dominantes, revirtieron el proceso en favor de los colonos, los dueños de la tierra, del capital y del poder político.

Con justísima razón, el peñi José Tralcal Coche a la salida de la sentencia sostuvo que se trata de “la condena más grave que se ha cometido después de la Pacificación de la Araucanía”, y añade que “esta condena se aplica a todos los mapuche” que comparten una misma lucha, no solamente a él.

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Los tres mapuche condenados y en particular, los dos sentenciados a cárcel perpetua, se encuentran prisioneros por culpa del uso de la Ley Antiterrorista, Ley de Seguridad Interior del Estado, continuidad directa de la dictadura cívico-militar de Pinochet y a través de la cual todos los gobiernos anteriores, de la derecha y la Concertación -especialmente Ricardo Lagos y Michelle Bachelet- han dado cátedras sobre represión y violación de los Derechos Humanos en contra del Pueblo Mapuche y de luchadores y luchadores sociales. Sin esta “legislación especial”, o sea, mediante un juicio justo y un debido proceso tal como se comprende en los marcos de una democracia burguesa cualquiera, sería imposible que tribunales arribara a estas y otras sentencias desde el “retorno a la democracia”.

Es una normativa jurídica absolutamente abusiva e ilegítima la que emplea el Estado chileno para reprimir a los y las luchadoras mapuche, incluso de acuerdo a las normas y las indicaciones expresas del Derecho Internacional. En esta línea, Alejandro Peralino, hermano de José Peralino, bien indicó que se trató de un “juicio racista y una vergüenza para el país”. Y es que ciertamente, no hay detrás solamente motivaciones “económicas” de la clase burguesa, también operan prejuicios y un odio racista. “Son dos declaraciones, los fiscales y los policías pagan dinero. Incluso nosotros que somos hermanos nos tenían amenazados de muerte”, confesó.

Dando cuenta del mismo argumento, Lisette Melillán, compañera de Luis Tralcal, declaró con lucidez que “es un juicio de carácter político”. Al respecto, sostuvo que “anteriormente se aplicaron dos juicios tipificados bajo ley común. Cambia gobierno, las mismas pruebas que absuelven en un primer juicio a estos tres condenados son las que los condenan en este momento bajo Ley Antiterrorista. Eso es un amedrentamiento en contra de nuestro pueblo”.

Por si no ha quedado del todo claro el choque de clases y de pueblos que este caso evidencia, el Ministro del Interior Andrés Chadwick -uno de los artífices y cabecillas de la dictadura- celebró que los peñi Luis y José Tralcal deban pasar el resto de sus vidas presos, señalando que “es un duro golpe al terrorismo” y calificando la decisión como una “potente señal para todos aquellos que pretenden usar la acción violenta”. Salvo que no fuera por parte del Estado, usufructuaria exclusiva de la violencia organizada, arma de las clases dominantes.

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En este momento, vamos por el recurso de nulidad. José Peralino indicó que “nosotros vamos a recurrir a la nulidad porque todos son inocentes. Es una vergüenza para este país”. Lo mismo anunció el abogado Pablo Ortega, acusando que existe una “gran falta de imparcialidad de parte de estos jueces, por lo tanto, una de las causales de nulidad sin duda va a ser la falta de imparcialidad”. Continuando, planteó que “creemos que el debido proceso es un elemento fundamental donde al decir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en apariencia, son importantes y aquí a todas luces tenemos elementos objetivos para señalar que este es un tribunal que no estuvo a la altura de las circunstancias y esperemos que la Corte Suprema así lo establezca”.

Las defensas de los condenados cuentan con 10 días, desde el lunes 11, para apelar a la decisión del tribunal. Asimismo, a través del medio MapuExpress, exigieron un proceso justo y anunciaron manifestaciones en diversos territorios de Chile y el extranjero “con motivo de exigir nulidad en el viciado juicio”.

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Luego de este injusto dictamen, los tres comuneros imputados se suman al machi Celestino Córdova, quien hasta hace poco era el único sentenciado por la muerte de la pareja de colonos, manteniéndose hace algunos meses en intermitente huelga de hambre alegando su inocencia y exigiendo el retorno a su rewe.

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