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Es la primera lluvia en la Región Metropolitana en lo que va del año y cientos de paraguas inundan las calles de Santiago. No tan solo se esperan lluvias, sino que, además, heladas que llegarán incluso a los 0 grados. Nada de eso parece importar a pocas cuadras de La Moneda, específicamente en Lord Cochrane 104, en donde alrededor de cincuenta personas esperan ser atendidos en el Servicio Jesuita a Migrantes.

Por Alexis Polo

Hace pocos días, exactamente el 23 de mayo, se cumplió el plazo entregado por el ejecutivo para que todos los migrantes regularizaran su situación legal en el país, y con ello terminó el período extraordinario anunciado desde el Gobierno el pasado 9 de abril. “Chile seguirá siendo un país abierto y acogedor con la migración (…) pero necesitamos una legislación moderna que esté a la altura de los estándares y que se condiga con la condición de dar oportunidades”, sostuvo el presidente Sebastián Piñera en aquella oportunidad.

Del mismo modo, el mandatario afirmaba el 11 de abril, que “no podemos permitir que sigan ingresando a Chile cientos de miles personas que empiezan no respetando nuestra Ley de Migración, porque vienen pretendiendo ser turistas y no son turistas. Y muchas veces son abusados y explotados por verdaderas bandas y mafias de trata de personas que les prometen el oro en sus países, los traen a Chile y acá los abandonan”.

Asimismo, el Instructivo Presidencial de Sebastián Piñera, el cual será el mecanismo que operará las acciones gubernamentales en materia migratoria mientras se discute el proyecto en el Congreso Nacional, ha generado muchos debates y, además, este instructivo ha sido catalogado como discriminatorio y de no cumplir convenios internacionales. Por otra parte, los derechos humanos de la población migrante han quedado a la deriva, puesto que no son garantizados por el Estado de Chile. Para Ana María Gutiérrez, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, el problema es que “estas medidas podrían tildarse de discriminatorias, ya que para la entrega de visas de trabajo se exige como requisito que los extranjeros que quieran ingresar al país a trabajar, cuenten con un postgrado en universidades que se encuentren en los primeros 200 lugares del mundo según el QS World University Rankings”. Añade, que “así como también se les otorgará la visa a aquellos extranjeros que hayan realizado postgrados en universidades chilenas. Esto representa una discriminación hacia todos aquellos inmigrantes que no pueden acceder a postgrados de este tipo en sus respectivos países o en Chile, generando así categorías de inmigrantes de primera y segunda clase, como el caso de los inmigrantes haitianos. Sin ir más lejos, un ejemplo concreto de esto es el caso de Joane Florvil, quien fue acusada de abandonar a su hija de dos meses. La ciudadana extranjera falleció tras sufrir una falla multisistémica producto de los golpes que se provocó en la cabeza cuando se encontraba detenida en la policía”.

En este sentido, se discrimina negativamente a la población haitiana, ya que se limita el derecho a ingreso y permanencia en Chile por un periodo máximo de 30 días, a toda persona proveniente de Haití que desee ingresar al país con fines de recreación, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas.  Los inmigrantes haitianos se ven sometidos a hechos de discriminación asociados a su raza e idioma por parte de la sociedad chilena. Acciones que el Estado reforzaría con los requisitos establecidos para que puedan acceder a una visa de trabajo o de permanencia.

Siguiendo la misma línea, José Tomás Vicuña SJ, Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, se pregunta, “por qué haitianos, y solo haitianos se restringe, en qué medida uno puedo facilitar el ingreso sabiendo que viven dificultades, sabiendo que lo que ha pasado cuando uno restringe es que aumentan las redes de tráfico y se vuelve aún más vulnerable el trayecto migratorio, que es el caso de los dominicanos, se puso una visa el año 2012 y ese año hubo 20 detenciones por entrar por pasos irregulares y el 2017 hubo 1027. Lo que demuestra que todo se vuelve más vulnerable y precario. ¿Qué pasará con los haitianos? Esa es la pregunta que queda”. Además, añade, que “se han dado pasos para garantizar los derechos humanos, pero falta mucho. Aún ni siquiera se garantizan los DDHH a muchos chilenas y chilenos. Hay que seguir dando pasos en temas de salud, educación y trabajo tanto para migrantes como chilenos”. Por su parte, la directora de la Embajada del Inmigrante, María del Rosario Ramírez, comenta que “una de las necesidades que se pide a gritos aquí es el tema de la vivienda digna, la humanización de la vivienda, puesto que es un derecho básico para los seres humanos y que no ha sido garantizado por el Estado de Chile”.

Asimismo, Cecilia Deserafino, defensora de los derechos humanos de la infancia en Chile, señala tajantemente, que “actualmente no se garantizan los derechos humanos para niños y personas migrantes, incluso hemos recibido denuncias de maltrato y de torturas a niños migrantes, específicamente a niños haitianos”. Esto se suma a unos de los problemas principales de la población haitiana en Chile: el idioma.

El idioma como garantía

Faltan pocos minutos para las 7 de la tarde. El frío del invierno se hace sentir con fuerza en el pasaje Almirante Simpson 237, a pasos de la Avenida General Velásquez en la comuna de Estación Central. En una sede vecinal, 3 haitianos y 5 haitianas se encuentran escuchando atentamente a Felipe Alegría, profesor de la Escuela de Español François Mackandal.

Para Felipe Alegría, es importante garantizar la comunicación a los ciudadanos que provienen de Haití, puesto que “limar las asperezas existentes entre haitianos y el resto de la población del territorio sólo se puede lograr a través del manejo de un código lingüístico común, que en este caso es el español. Esto no quiere decir, de ningún modo, que queramos que dejen de hablar el kreyol sino que, bajo este contexto, el español es el idioma que les facilitará la integración”.

Falta de discusión

Desde el Movimiento de Acción Migrante, MAM, señalan, que “algo más que hay que decir sobre la ausencia del enfoque de derechos y de la experiencia de diversos actores, es que hoy la iniciativa de este gobierno no se acoge a legalidad en cuanto se ha implementado un set de medidas administrativas asociadas que, de manera arbitraria, ha sido capaz de generar discriminaciones, como es el caso de las visas para haitianos”. Del mismo modo, acerca de las indicaciones del proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que actualmente está en la cámara de diputados con urgencia simple desde el 15 de mayo, Valentina Aguilera, socióloga de la Universidad Diego Portales, señala, que “es necesario, casi una obligación, que todos los actores involucrados y vinculados a los inmigrantes que quieren llegar o quedarse en el país participen de la discusión del proyecto ley, ya que de lo contrario este desconocerá e ignorará sustantivamente la problemática de fondo que afecta a las comunidades de migrantes”.

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