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El Tribunal Constitucional, un eslabón fundamental de la Constitución elaborada por la dictadura cívico-militar, ha mostrado abiertamente su cara de “poder fáctico” en el ámbito de los Derechos Humanos, gracias a una facultad que le fue entregada el año 2005, durante las reformas realizadas a la Carta Fundamental por el gobierno de Ricardo Lagos, que le permite al Tribunal Constitucional decidir sobre los Recursos de Inaplicabilidad en los casos de violaciones de los Derechos Humanos, facultad que hasta ese momento recaía en la Corte Suprema.

Los abogados de los responsables de crímenes de lesa humanidad están utilizando este nuevo resquicio para poder entrampar y dilatar los procesos judiciales, impidiendo que estos terminen y se puedan dictar las sentencias respectivas. Esto ha sido notoriamente llamativo en una serie de causas que tienen que ver con procesos llevados adelante en la provincia de Ñuble y es por esta razón que las Agrupaciones de Derechos Humanos de la zona han llevado adelante una tenaz lucha con el objeto de romper el manto de oscuridad al respecto, la que ha ido dando sus frutos, haciendo visible esta aberración ante la opinión pública, y logrando que distintos actores se sensibilicen y entreguen su apoyo a esta noble causa.

El martes 8 de mayo, una delegación de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Ñuble, acompañada por una serie de otras organizaciones de Derechos Humanos, tanto de la provincia de Ñuble, como de otras regiones del país, llegó hasta el Congreso Nacional en Valparaíso, para exponer sus planteamientos y participar en dos puntos de prensa que se llevaron a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y con un grupo de Senadores de la República.

 

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